Control civil de la Defensa: la “prioridad” que le falta a Piñera

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Un tenue control civil, con vacíos de autoridad que FFAA transforman en espacios de autonomía, configuran una defectuosa relación civil-militar que demanda normalización.

Por José Higuera, periodista

La inacción continúa caracterizando la aproximación del mundo político y civil respecto de los temas de la Defensa y la Seguridad Interior en Chile, creando una situación donde, desde el restablecimiento de una institucionalidad democrática en 1990, el ejercicio de la autoridad y las atribuciones de los gobiernos civiles ha sido muy tenue.

La timidez de los gobiernos de centroizquierda era comprensible en los primeros años, especialmente debido a la presencia de un general Augusto Pinochet aún comandante en jefe del Ejército. Pero, lo que parecía timidez se transformó en una desidia que se prolongó por casi tres décadas, proyectando un vacío de autoridad civil que ha permitido que se mantenga el statu quo, donde las FFAA y de Orden tienen un amplio grado de autonomía y de control de las agendas en esos sectores.

Situaciones como el “Milicogate” en el Ejército, el “Pacogate” en Carabineros, así como el desplome de un plan de montaje al interior de esta última institución denominado “Huracán” (pruebas falsas con el objetivo de inculpar y procesar a comuneros mapuche), son expresiones de esta situación que está haciendo crisis. Corregirla es uno de los mayores desafíos que tiene por delante el gobierno del presidente Piñera.

Las administraciones de la Concertación (1990-2010) trataron de hacer algo, sobre todo durante su primer decenio a lo largo de los noventa. Fue entonces que se comenzó a debatir la necesidad de modernizar la estructura del ministerio de Defensa, precisamente para empoderar a la autoridad civil, así como de reformar otros aspectos como la igualmente necesaria reforma de los sistemas de reclutamiento y carrera militar, el Código de Justicia Militar y el financiamiento de las comprar militares.

Fue durante ese decenio que se proyectó una denominada “Comunidad de la Defensa”, un área de confluencia y debate de los temas del sector, con participación de las autoridades civiles, las FFAA y los civiles interesados. Fue un periodo en que los temas de la Defensa y la Seguridad estuvieron en la agenda pública, lo que era muy bien reflejado por una amplía y bastante transparente cobertura mediática. La participación de los civiles, principalmente del mundo académico, fue apoyada desde el exterior -principalmente desde los EEUU, Reino Unido y Canadá- con becas para cursar posgrados especializados e invitaciones a cursos de menor duración.

El protagonismo de la Comunidad de la Defensa murió durante el gobierno del presidente Lagos, a principios de la segunda década de las administraciones concertacionistas. Desde sectores de esa comunidad se había formulado críticas y preguntas complicadas, en algunos casos con una dosis de politización, respecto del proyecto de compra de un nuevo avión de combate para la FACh. Algunos cuestionamientos eran muy legítimos desde el punto de la transparencia, pero el Gobierno no estaba dispuesto a dar explicaciones.

Lagos y su ministra de Defensa, Michelle Bachelet resolvieron finalmente la adquisición del avión en el 2002. La decisión fue anunciada en una forma y tono que dejó muy en claro que no habría explicaciones. El aperturismo y la transparencia respecto de Defensa comenzó a decaer, especialmente en lo relativo al gasto y las compras de material bélico. Desde entonces la ciudadanía recibe muy poca información sobre esos temas, pese a que ella si es proporcionada en forma regular y más completa a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La Derecha no lo hizo mejor en su anterior gobierno. La primera administración del presidente Piñera asumió en marzo del 2010, poco después de que entrara en vigor la Ley de Modernización del ministerio de Defensa que buscaba fortalecer la autoridad de los civiles. Piñera había ganado las elecciones con un programa para el sector Defensa que, junto con recoger aspectos de modernización que eran muy coherentes, también propugnaba reforzar el control civil.

Pero Piñera nombró a un militar, el general (r) Oscar Izurieta, comandante en jefe del Ejército acogido a retiro pocos días antes, para encabezar la estratégica subsecretaría de Defensa que define planes y proyectos. Muy pocos de los expertos de la Derecha que había elaborado el capítulo de Defensa del programa de Piñera llegaron al ministerio. Con Izurieta como cabeza de playa, el lobby de las FFAA ocupó y controló el resto del ministerio y la agenda sectorial que, durante el primer gobierno de Piñera, desarrollarían los ministros Jaime Ravinet, Andrés Allamand y Rodrigo Hinzpeter entre el 2010 y 2014.

El hito del periodo fue la presentación en el 2012 de una Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSYD), que era básicamente una lista de compras de equipamiento militar, acompañada de argumentaciones para justificarlas. Implícitamente, la ENDS pedía reemplazar la Ley del Cobre por el sistema de financiamiento plurianual, que estaba siendo discutido en el Congreso y, además, sugería la intervención de las FFAA en materias de seguridad interior. El documento, presentado por el entonces ministro Andrés Allamand, pero elaborado por el subsecretario Izurieta, fue muy cuestionado en círculos parlamentarios, lo que forzó la elaboración de una segunda versión. Esta tampoco fue bien recibida y, aunque no se buscaba darle carácter de ley, Piñera decidió enviarla para revisión al Congreso, donde se perdió de vista y hoy duerme.

Hasta el momento, la gestión de la segunda administración Piñera en Defensa tiene mucho de déjà vu.

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