#BajateElSueldoCareRaja

Hace 1 minuto
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Crisis-economicaLa discusión sobre el reajuste está centrada en el incremento escalonado. Hay funcionarios que ganan entre 300 mil y 500 mil pesos, para ellos el reajuste será de 2 mil 500 pesos, mientras que para los parlamentarios, ministros o subsecretarios será de entre 300 mil y 500 mil pesos.

Eduardo Hernández Navarro, Secretario General de la Juventud del Movimiento Amplio Social

La controversia la agudizó el diputado Giorgio Jackson quien ingresó una indicación en la Cámara de Diputados que pedía “reajuste escalonado”, la que fue declarada inadmisible por inconstitucionalidad, ya que la indicación debía era “iniciativa exclusiva del Ejecutivo”.

En el Senado uno de los parlamentarios que votó en contra del reajuste fue el senador Alejandro Navarro quien planteó como argumento de fondo que el mecanismo de cálculo está obsoleto y que el sistema legislativo no permite a los parlamentarios modificarlo, debido al sistema “presidencialista monárquico”, permitiendo solo que lo cambie el poder Ejecutivo. Por tanto, la pelota estaría en La Moneda.

Las portadas de los principales diarios del país publicaron los rostros de los diputados “que se subieron el sueldo”, pese a que la indicación fue declarada inconstitucional. No obstante, el diputado Jackson argumentó en favor de la constitucionalidad de esta indicación argumentando que “no se estaba fijando, modificando, concediendo o aumentando remuneraciones: se está manteniendo el status quo al respecto, evitando que se legisle para modificarlo”. Y, por otro lado, que “no se está interviniendo en la administración financiera (que tiene que ver con la obtención, distribución y control de los fondos públicos) ni en la administración presupuestaria (que es el que asigna prioridades y montos globales mediante la ley de presupuesto y leyes específicas)”.

Según la legislación vigente sólo son de iniciativa exclusiva, en lo que se refiere a este problema “(a) fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la Administración Pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados”, (b) aquellas que incidan en la administración financiera y presupuestaria del Estado”.

Por otra parte Jackson argumentó que “la ley orgánica del Congreso Nacional consagra expresamente (Art.24, inciso tercero) que son admisibles las indicaciones que tengan por objeto aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que haya propuesto el Presidente de la República”.

Por lo tanto, en este caso la indicación correspondería a un rechazo o disminución de un gasto que propuesto la Presidenta de la República por lo que sería constitucional. Además la indicación indica que existen numerosos precedentes en donde el Congreso ha hecho uso de esta facultad rechazando o disminuyendo gastos propuestos por el Presidente.

Finalmente el resultado de la votación terminó con 54 votos a favor, 33 en contra y 7 abstenciones aprobando el reajuste y rechazando la indicación.

La legitimidad de los políticos en Chile –cada vez más menguada por situaciones como esta- ratificada por la cada vez más baja participación electoral es bastante preocupante, ya que un sistema democrático sin participación popular no tiene sentido, necesita de ella para asegurar gobernabilidad, legitimidad y un ágil funcionamiento institucional.

La institucionalidad Congreso se sigue deslegitimando, sin que haya señales claras por parte de sus miembros de revertir esta situación.

La última encuesta UDP mostró que sólo el 4% de la gente confía en los parlamentarios. Entonces surge la pregunta: ¿Hasta dónde se agudizará la crisis institucional?

A la larga, si este fenómeno va en aumento, la tarea de gobernar y de formar gobiernos “democráticamente” se convertirá en una cuestión difícil por estos lados, a no ser que haya un cambio radical de sistema, un nuevo pacto social que termine con la “monarquía presidencial”, en definitiva una Nueva Constitución que nos permita determinar entre todos que tipo de legislación queremos.

 

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Comentario

Carlos Ruminott

Es urgente el cambio a la Constitución, el régimen vigente ha provocado una desafección son el orden institucional, los llamados a representar a la ciudadanía son en su mayoría los escogidos por una elite avalada en su estructura económica-política. Por esto, dar paso a una participación ciudadana efectiva y periódica es vital, adhiero a la referencia de la “monarquía presidencial” que nos rige, la cual con episodios como éstos, claramente, remarca más su lejanía de la gente.

viernes 28 de noviembre 2014 a las 13:23
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