La entidad rechazó que los mencionados, por presiones de las iglesias evangélicas, hayan manifestado que no respaldarán el proyecto de matrimonio entre personas del mismo sexo.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó su total y más contundente repudio hacia los senadores Isabel Allende, Ricardo Lagos Weber, Guido Girardi  y Alejandro Navarro por haber quitado su respaldo al proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo que junto a nosotros y al senador Fulvio Rossi presentaron al Congreso Nacional el pasado 3 de agosto.

“El actuar de estos senadores constituye una burla para todas las minorías sexuales de nuestro país, pues hicieron creer que eran favorables a una norma que ahora rechazan debido a la presión de la Iglesia Evangélica, violentando el Estado laico y los compromisos asumidos”, dice el organismo.

Y agrega: “Con asombro  y profundo malestar vemos como quienes se dicen progresistas no tienen pelos en la lengua para reconocer que han cedido a las presiones religiosas en un Estado laico, sin siquiera comunicar previamente su decisión a las minorías sexuales o a nuestra organización, la que respaldó  el mencionado proyecto de ley desde sus inicios”.

La resolución Nº 134 solicita “al Presidente de la República, activa y encarecidamente, por razones históricas constitutivas a la nación chilena, honrar definitivamente la palabra de Chile procediendo sin mas dilación al reconocimiento  de la RASD y al inmediato establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países”.

El acuerdo, tramitado inicialmente el 8 de Agosto, a solicitud de 30 diputados y con la adhesión de alrededor de 60 miembros de la Cámara, pone en consideración que desde 1975, el Reino de Marruecos procedió a ocupar militarmente territorio del Sahara Occidental, dando origen a un conflicto que mantiene enfrentado a dicho país con el pueblo saharaui, habitante ancestral del mencionado territorio.

Que con motivo de la guerra contra la ocupación extranjera, prosigue la resolución, el pueblo saharaui ha debido enfrentar graves y sistemáticas violaciones a sus derechos humanos por parte de la ocupación extranjera.

En este sentido, la Cámara de Diputados recuerda que ante el agravamiento de dicha situación, había condenado enérgicamente las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el Sahara Occidental, en su Proyecto de Acuerdo Nº 2 aprobado el 18 de Marzo de 2010.

La Cámara llama la atención al nuevo Gobierno, acerca del cumplimiento de un año de la Resolución Nº 826 del 14 de Julio de 2009, por la cual solicitaba a la ex presidenta Michelle Bachelet, proceder al reconocimiento de la RASD sin que hasta la fecha se haya llevado a efecto su petición.

El Embajador Saharaui en misión para Chile, Mohamed Zrug, destacó el valor histórico y político del acuerdo, agradeció a los diputados y diputadas su compromiso por hacer justicia con un tema pendiente y de alta trascendencia para ambas naciones, al mismo tiempo que expresó su deseo que el Gobierno chileno corresponda satisfactoriamente al acuerdo aprobado por los diputados.

La escritora chilena, autora de libros como La Casa de los Espíritus, Paula e Inés del alma mía, fue informada por el ministro de Educación, Joaquín Lavín, de que había obtenido el Nacional de Literatura y sostuvo que “este premio es lo más importante que he recibido en mi vida”.

“Cuando sonó el teléfono y me avisaron, mi marido que venía saliendo de la ducha, se puso a llorar a mares, llegó mi hijo corriendo, empezaron las llamadas telefónicas, mi mamá lloraba en el teléfono, fue muy emocionante, hasta la perra se alteró”, explicó Allende en entrevista telefónica con CNN Chile.

La escritora nacional, que competía con nombres como el de Enrique Lafourcade, Diamela Eltit, Germán Marín y Antonio Skarmeta, entre otros, se convierte en la cuarta mujer en obtener el premio y la primera desde la década del 80, terminando así una racha machista de casi 30 años. En 1982 la galardonada fue Marcela Paz. Antes lo obtuvieron Gabriela Mistral (1951) y Marta Brunet (1961).

Allende, al conocer la noticia, dijo que la emocionaba que sea durante el gobierno de Sebastián Piñera que se le reconociera con el máximo galardón de las letras chilenas porque “nadie podrá decir que me lo dan como un premio político”.

El nombre de Allende, una reconocida partidaria de los gobiernos de la Concertación y opositora a la dictadura de Pinochet, había dividido a los escritores nacionales, surgiendo una polémica si el tipo de literatura que ella ejerce merecía el Premio Nacional.

Desconformes con la respuesta del Gobierno ante el paro de la pasada semana, los trabajadores fiscales anunciaron que, esta vez, se movilizarán por 48 horas, el próximo 8 y 9 de septiembre. Los reclamos apuntan directamente a los despidos de funcionarios públicos durante la gestión de Sebastián Piñera.

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente, anunció una nueva movilización para el 8 y 9 de septiembre, tras la insatisfactoria respuesta desde el Gobierno ante los numerosos despidos en el sector público.

“Si no hay una respuesta positiva dentro de lo que resta de esta semana y los comienzos de la próxima, el día 8 y 9 de septiembre la ANEF va a paralizar nuevamente por 48 horas. Debido a que el Gobierno no ha dado respuesta a las peticiones formales de los trabajadores”, señaló el dirigente.

La agrupación ya se movilizó el pasado 26 de agosto, con una fuerte adhesión de la ciudadanía.

De la Puente sostuvo además que entre las medidas que afectan a los trabajadores está un oficio del Ministerio de Hacienda, donde se pretende desvincular a nuevos empleados, según el dirigente, en base criterios que son absolutamente ambiguos, arbitrarios, inciertos y generales. Por ello, enfatizó “el Gobierno está empujando a los trabajadores a tener estas paralizaciones”.

Mauricio Huaiquilao Huaiquilao fue llevado de urgencia a un hospital debido a una descompensación en su estado de salud. El comunero, que se encontraba en la cárcel de Temuco, fue trasladado por Gendarmería al hospital regional de esa ciudad, donde ya fue estabilizado. Con esto, Huaiquilao es el cuatro huelguista en ser asistido.

Un nuevo preso mapuche presente en la huelga de hambre, fue trasladado a un centro asistencial, en la región de Temuco.

Se trata del comunero Mauricio Huaiquilao Huaiquilao, quien presentó una descompensación en su estado de salud y posteriormente un desmayo, por lo que personal de Gendarmería, decidió llevarlo inmediatamente al hospital regional temuquense. En el recinto, el manifestante fue estabilizado.

De esta manera, Huaiquilao es el cuatro huelguista que ha sufrido problemas en su salud y que ha debido ser asistido, tras cumplirse 53 días de huelga.

Durante la mañana de este miércoles, Felipe Huenchullán fue trasladado al hospital de Angol, por las mismas razones que Huaiquilao.

El mandatario supera por primera vez a su gobierno, sube 10 puntos respecto a la medición de julio y se posiciona en el 56 por ciento de aprobación por parte de la ciudadanía. Golborne, mientras tanto, se ubica como el ministro mejor evaluado y supera a Lavín y Hinzpeter.

La medición Adimark de evaluación de gestión del Gobierno para el mes de agosto arrojó que el Presidente Sebastián Piñera alcanzó una aprobación de 56 por ciento, la cifra más alta desde que asumió su cargo en marzo pasado.

Esta es la primera vez, en seis meses, que la figura del mandatario recibe un respaldo mayor al de su gobierno, que obtuvo un 55 por ciento de aprobación global.

Los expertos de Adimark atribuyen el alza presidencial a la acción realizada por el mandatario en la mina San José. Antes de que se supiera que los mineros estaban vivos, sólo un 49 por ciento de los encuestados aprobaba la gestión de Piñera.

El sondeo se realizó entre el 5 y 30 de agosto a mil 315 casos entre hombres y mujeres mayores de 18 años, vía telefónica, con un margen de error del 2,7 por ciento.

Por su parte, el ministro de minería, Laurence Golborne, fue aprobado por un 78 por ciento, superando a Joaquín Lavín (73) y Rodrigo Hinzpeter (70). De ser conocido por sólo un 16 por ciento de los encuestados en julio pasado, el titular de minería y responsable de la operación de rescate en la mina San José llega hoy al 51 por ciento, un aumento de 35 puntos en menos de 30 días.

Según testificaron ante la Comisión de Minería de la Cámara, transformada en Investigadora sobre Seguridad y Faenas Mineras, los ejecutivos resaltaron que el proceso de reapertura contó con las exigencias impuestas por el SERNAGEOMIN y desvincularon el accidente que resultó con la amputación de la pierna de un trabajador, en junio, con el derrumbe.

Tras un breve debate originado por la negativa inicial de los dueños de la mina San José a entregar su testimonio públicamente, argumentando que los antecedentes eran parte de lo comunicado a la fiscalía de Atacama, los ejecutivos expusieron ante la Comisión de Minería de la Cámara, transformada en Investigadora sobre Seguridad y Faenas Mineras, recalcando que no presionaron a ninguna autoridad para obtener la reapertura de la mina.

En una sesión abierta a la prensa, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, quienes asistieron acompañados de sus asesores más cercanos, descartaron tajantemente que hayan realizado presiones indebidas o que hayan caído en actos de corrupción con el objeto de obtener las autorizaciones necesarias para la reapertura de la mina. “Somos gente honesta”, enfatizó Bohn, al tiempo que recordó que la empresa San Esteban ha realizado funciones por 30 años en Atacama.

El ejecutivo reconoció, sin embargo, que frente a la problemática que significaba el cierre de la mina, en 2007, y a la falta de atención respecto del tema, tuvieron conversaciones con las autoridades disponibles de la zona, como fueron la intendenta del momento y los senadores de la circunscripción, con el objeto que intercedieran para que el asunto “se atendiera técnicamente”.

Los ejecutivos sostuvieron que esta situación los tiene completamente consternados, reconociendo todo el dolor producido. “Es una situación triste, no es una situación agradable, es una situación desesperada. Afortunadamente nuestros trabajadores están vivos y, por lo visto a través de la prensa, con mucho ánimo. Sin embargo, el dolor que ha causado esta situación indeseada e imprevista por nosotros, merece que nosotros pidamos disculpas por la angustia que se ha vivido en estos días. Ha sido una situación terrible y esperamos que tenga buen término muy pronto”, recalcó Bohn.

Adicionalmente, el ejecutivo, quien dijo ser parte de la empresa desde el año 2004, aseguró que, como compañía, se va “a hacer todo lo posible para poner en disposición de nuestros trabajadores y de nuestros acreedores todos los bienes que tiene disponible nuestra empresa para concurrir a ellos en todo lo que sea necesario”.

Los Hechos

Detallando las fechas, Alejandro Bohn relató los distintos hitos del proceso de reapertura en los cuales intervino activamente el ex Subdirector Nacional de Minería del Sernageomin, Exequiel Yanes.

Explicó que, en cada etapa autorizada, se fueron realizando distintos trabajos de recuperación y estudios destinados a cumplir con las demandas del Sernageomin, principalmente, en lo relativo al despeje de la rampa; y la fortificación de las galerías, según lo indicara el informe geotécnico que fue encargado a E-Mining Technologies, por recomendación del entonces director regional, Anton Hraste.

Informó que, tras una reunión sostenida con Exequiel Yanes y Santiago Pinilla (jefe de Seguridad Minera), donde se presentó un resumen de las conclusiones del estudio geomecánico que aseguraba que la mina era explotable y que el régimen de esfuerzo se calificaba de medio a bajo, el 19 de diciembre de 2007 se autorizó, después de once meses de paralización, la limpieza del nivel 90 y su explotación parcial.

Bohn especificó que, tras esta última autorización, se exigió la pronta entrega del informe geomecánico y de dos proyectos adicionales: ventilación y eléctrico. Confirmó que el informe geomecánico fue entregado el 3 de abril de 2008 al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y que 7 de abril fueron mandamos los otros dos proyectos, documentos que permitieron que el 30 de mayo se de la autorización para reapertura total de la mina San José. “No ha sido un proceso donde hayamos tenido un privilegio especial, así lo sentimos nosotros”, enfatizó.

El ejecutivo sostuvo que no se debe vincular el accidente puntual, que costó la amputación de parte de una pierna a un trabajador de la mina, el cual se produjo por una serie de errores en los procedimientos internos, con un movimiento de roca de 700 mil toneladas. “Lo segundo es una catástrofe que no teníamos antecedentes de que pudiera ocurrir”, sentenció.

Ambos ejecutivos dijeron que no tienen antecedentes respecto de las causas reales que ocasionaron el desplazamiento y que es preciso esperar al informe técnico para dar cuenta de los hechos. En todo caso, recalcaron que la empresa gasta entre 30 y 40 millones de pesos mensuales para garantizar buenas condiciones de seguridad.

Pese a lo anterior, se reconoció que hubo condiciones impuestas por el Sernageomin que no fueron cumplidas a cabalidad, como acondicionar las chimeneas como vías alternativas de escape.

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En una entrevista publicada por el diario La Segunda, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter anunció que se determinará un mediador con el fin de terminar con la huelga de hambre que mantienen 51 mapuches en cárceles de la Región de Araucanía.

“Intentaremos buscar al mejor mediador que comparta nuestra posición, para que intente persuadir a los huelguistas que depongan su movimiento… estamos abiertos a quien sea la mejor ayuda para persuadir el cese de la huelga”, dijo el jefe de gabinete.

En sus palabras, el secretario de Estado anunció además, que, durante la próxima semana, el Presidente Sebastián Piñera, enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para reformular la Ley Antiterrorista, regulación que es la principal protesta de los mapuches.

De acuerdo a este punto, Hinzpeter sostuvo que las querellas contra los comuneros fueron realizadas por el gobierno de Michelle Bachelet. “No ha sido nuestro gobierno el que enmarcó tales conductas en el mencionado cuerpo legal”.

En relación al proyecto de ley que el Ejecutivo enviará al Parlamento, el ministro dijo que “se buscará un perfeccionamiento y mayor eficacia en la investigación de los delitos terroristas. Y conversaremos con todas las instituciones interesadas, incluido el Instituto de Derechos Humanos, para que ellos nos formulen propuestas para ver qué mejorar, según lo que se ha planteado en el debate público. Por ejemplo, respecto a que el tipo penal es demasiado amplio”

Hinzpeter aclaró que el objetivo de la medida “no es ablandar ni endurecer” la actual ley, sino que perfeccionarla ya que “las leyes deben aplicarse por igual a todos los ciudadanos y no en función a la pertenencia a una determinada etnia o agrupación”.

Justicia militar

En su anuncio, el colaborador del Presidente agregó que el proyecto incluirá una reforma a la justicia militar. Cabe recordar que los 32 presos mapuches que se encuentran en huelga, alegan, además de la aplicación de la Ley Antiterrorista, por haber sido procesados por la justicia penal ordinaria y los tribunales castrenses.

Ante ello, Hizpeter indicó que el proyecto de ley va en búsqueda de “algún mecanismo para que las causas en que el imputado es un civil y que actualmente conoce la justicia militar, sean traspasadas al conocimiento de la justicia ordinaria”.

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El secretario regional de Salud de la Región de Atacama, Raúl Martínez, presentó este lunes su renuncia, en medio de la investigación que busca aclarar su responsabilidad en la reapertura de la mina San José, el pasado 28 de julio, luego de que Gino Cortés sufriera un accidente laboral que terminó con la amputación de una de sus piernas.

Martínez, autoridad que firmó el documento de reapertura de la mina, se encuentra a la espera de la aceptación de su renuncia por parte del ministro de salud, Jaime Mañalich.

El seremi es también cuestionado por un supuesto beneficio a la construcción del proyecto de la termoeléctrica Castilla, en Caldea. La polémica apunta al cambio que Martínez realizó a la denominación “contaminante” reemplazándola por “molesta” para referirse a la planta, lo que generó el enfado de los medioambientalistas.

Los huelguistas, que este lunes cumplen 50 días sin comer, no aceptaron ser alimentados o trasladados a un centro asistencial en caso de peligrar sus vidas. Las familias de los mapuches presentaron un recurso de queja para apelar contra la medida. Los 32 presos han perdido durante este tiempo entre 13 y 18 kilos.

Para este lunes se espera que las cortes de Apelaciones de la Región de la Araucanía, revisen los recursos de quejas que presentaron los familiares de los presos mapuches que se encuentran en huelga de hambre.

Dichas acciones legales fueron presentadas con el fin de apelar en contra de la autorización emitida por la corte para alimentar a la fuerza a los presos o trasladarlos a un centro asistencial en caso de peligrar sus vidas.

Esta medida fue rechazada por los mapuches prisioneros, a pesar de que han perdido entre 13 y 18 kilos de peso.

El recurso que presentaron los familiares incluye además un apoyo a los alegatos en contra de los “testigos sin rostro”, como denominaron a los supuestos testigos que reciben pagos del Ministerio Público para declarar contra los mapuches.

Los huelguistas, que llevan 50 días de alegatos, reclaman contra la aplicación de la Ley Antiterrorista que pesa en su contra.

Lea la opinión del poeta chileno Elicura Chihuailaf – “Luchar por ternura”

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