Las deudas del gobierno de Bachelet en Defensa

viernes 2 de junio 2017
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Cuando faltan 10 meses para que finalice el gobierno de la presidenta Bachelet, el balance de su gestión registra un número importante de objetivos que, habiendo sido incluidos en su programa, no han sido cumplidos y muy probablemente quedarán pendientes. Una de las áreas del sector público donde esto es más evidente es Defensa, donde se arrastran deudas.

Por Equipo El Periodista

El programa de la primera candidatura presidencial de Michelle Bachelet en el 2005 consideraba derogar la Ley 13.196, también conocida como Ley Reservada del Cobre (LRC), que destina el 10 por ciento de las ventas anuales del mineral y sus derivados por parte de Codelco para el exclusivo financiamiento de las compras de material bélico.

Se buscaba reemplazar ese mecanismo con planes plurianuales de gasto, que serían financiados cada año a través del Presupuesto Fiscal. Pero, el proyecto respectivo fue enviado recién en el 2009, cuando estaba por finalizar su periodo de gobierno, y chocó con el rechazo de la oposición.

En mayo del 2016 el texto completo de la LRC, que aún tenía un carácter secreto pese a ser conocido en amplios círculos, fue revelado por un medio de prensa online de Santiago. Las presiones que ello originó se sumaron a otras que pedían la derogación de ley, como una forma de ayudar a la capitalización de la cuprífera estatal. Ello llevó al Ministro de Defensa, Mario Fernández, a reconocer explícitamente que la administración Bachelet no enviaría un nuevo proyecto de reforma al financiamiento de las compras militares. Finalmente, en diciembre del 2016 el texto de la LRC dejó de ser un secreto oficial, al promulgarse una ley propuesta por un grupo de parlamentarios liderado por el diputado DC Jaime Pilowsky Green.

Es claro que la derogación de la LRC ya no es prioridad, y a nivel oficial hoy se evita hablar del tema. Incluso, desde La Moneda se ha instruido al ministerio de Defensa y los mandos de las Fuerzas Armadas, para que no entreguen información sobre los costos de sus programas de adquisición de material aprobados y en estado de ejecución. Es así como importantes contratos, como el adjudicado en diciembre pasado a una firma canadiense, para modernizar tres fragatas de la Armada a un costo de 600 millones de dólares, han pasado desapercibidos para la opinión pública.

Es decir, es el propio gobierno que no quiere ni transparentar ni democratizar el gasto en equipamiento bélico. La situación es objeto de crítica incluso de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero todo indica que la LRC, que hoy garantiza un piso anual de 150 millones de dólares, aunque lo que realmente se gasta es mucho más, seguirá siendo parte de una institucionalidad que refleja una inadecuada relación civil-militar.

Otros aspectos postergados de la agenda de la Concertación/Nueva Mayoría para el sector Defensa incluyen las reformas del Código de Justicia Militar y de la Carrera Militar. Esta última debe modernizar los sistemas de ingreso y reclutamiento de los oficiales y el personal de las Fuerzas Armadas, ampliando las opciones e incluyendo alternativas de contratación y servicio de carrera corta. Esas alternativas deberían resolver los problemas que hoy exhibe la deforme estructura piramidal del personal uniformado, concentrando más personal joven en sus niveles inferiores y despejando sus sobre-poblados niveles superiores.

La normalización de una carrera corta permitirá consolidar la figura del soldado profesional que puede re-contratarse hasta completar dieciséis años de servicio. Es decir, entre los 20 y los 36 años de edad, el periodo de mejor condición física y estado de salud, volviendo a la vida civil a una edad en que todavía podrá integrarse bien laboralmente. Ello también aliviará la presión de los déficits permanentes que afectan al sistema jubilatorio castrense, ya que los soldados profesionales no obtendrán pensiones de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Otra promesa del 2005 que no ha sido cumplida por Bachelet es la creación de un Servicio Cívico Alternativo (SCA) al Servicio Militar Obligatorio, opcional para los objetores que por razones morales o religiosas no quieren servir en el ámbito castrense. Irónicamente, en lugar de ser manejado por el ministerio del Interior, como correspondía, el estudio del SCA quedó en el 2006 radicado en el de Defensa, donde la entonces Subsecretaria de Marina Carolina Echeverría decidió que tal servicio no era necesario.

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