Informe Caval aprobado hoy en la Cámara de Diputados habla de tráfico de influencia y abuso de poder

miércoles 20 de enero 2016
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cavalEn el documento, los diputados precisaron la prohibición de realizar lobby, sobre todo cuando se involucra a familiares de altas autoridades de gobierno, la censura del cargo del Jefe Administrativo de la Moneda, entre otras.

Con un contundente respaldo unánime de 102 votos, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora del Caso Caval, entregado a la Sala por la diputada independiente, Alejandra Sepúlveda, y que es el resultado de más de 10 meses de trabajo.

(Revise el texto completo del informe en este enlace).

El informe contiene las actuaciones correspondientes a las dos comisiones investigadoras creadas sucesivamente, con similar competencia: el Caso Caval. Una se creó por acuerdo de la Cámara con fecha 8 de abril de 2015, y la otra, con fecha 7 de octubre de 2015.

Entre otras conclusiones, el documento plantea que Caval “más que ser una empresa con un giro y experticia en particular, o con un currículo y experiencia acreditable, dado lo variopinto de los negocios y actividades a los que se abocaba, así como las condiciones curriculares y de la idoneidad de los agentes que formaban parte de tal entidad, era más bien una suerte de empresa de lobby, cuyo perfil y ventaja comparativa radicada justamente en sus vínculos y conexiones político-públicas que le generaron en muy pocos años ganancias y contratos muy por sobre la media de empresas similares, abocadas a tareas parecidas”.

Asimismo, el texto detalla que “las declaraciones de los involucrados y la forma del otorgamiento del crédito, claramente permite acercarse a la teoría de la configuración de una causal para investigar la existencia de un eventual tráfico de influencias o abuso de poder por parte de la sra. Compagnon, lo que se desprendería de las discrepancias entre lo declarado por el matrimonio Compagnon-Dávalos y del sr. Andrónico Luksic, situación que debe ser debidamente investigada y resuelta por el Ministerio Público dentro del marco del proceso penal correspondiente”.

La instancia, que abordó las distintas aristas del caso, concluye entro otros puntos que “resulta necesario censurar la permanencia del Sr. Cristián Riquelme Urra en el cargo de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, habida consideración del nivel de conocimiento que dicho personero pueda haber tenido del nexo del Sr. Juan Díaz Sepúlveda con las actuaciones que son investigadas por la Comisión Investigadora y la ausencia de un reporte a sus autoridades respecto de la realización de la aludida audiencia, situaciones que están revestidas de la mayor gravedad considerando la alta investidura del funcionario en cuestión, a lo que se añade su responsabilidad como jefatura administrativa en el borrado del computador del entonces Director Sociocultural de la Moneda y la omisión de dicha información al Ministro Secretario General de Gobierno, al momento de dar reporte oficial al país respecto de la operación descrita”.

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