TC: una buena idea mal ejecutada

jueves 17 de agosto 2017
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Sus miembros, mayoritariamente, provienen de un cuoteo impresentable, donde los principales bloques políticos llenan su cupo sin ningún escrutinio real acerca de la competencia profesional y académica de quien designan.

Por Mauricio Daza Carrasco, abogado*

A partir de la discusión de la ley que despenaliza el aborto en tres causales, y el anuncio de parlamentarios de “Chile Vamos” que impugnarán este proyecto ante el Tribunal Constitucional (TC), ha salido nuevamente a la palestra el debate acerca de su existencia, funciones e integración. Si este nace el año 1970 mediante una reforma a la Carta Fundamental de 1925, generalmente se le vincula como parte fundamental del diseño institucional impuesto en 1980, y el cual se ha mantenido en lo sustantivo hasta la fecha.

La existencia de una judicatura especializada, la cual tenga por finalidad el resguardar la primacía efectiva de las normas fundamentales que nuestra sociedad se ha dado para regular su convivencia y la gestión del poder público, sin duda constituye una buena idea. En este contexto, el ejercicio de las atribuciones del TC es normalmente contra mayoritario, imponiendo la norma constitucional en contra de una decisión legislativa adoptada por el gobierno de turno o una mayoría parlamentaria transitoria, garantizando la integridad del ordenamiento institucional y el derecho de las minorías al interior de nuestra sociedad.

Si bien este razonamiento resulta impecable en términos abstractos, el problema es que en nuestra realidad no se reúnen los elementos para que el Tribunal Constitucional constituya una instancia de resguardo efectivo a nuestra democracia, sino por el contrario, se ha transformado en una herramienta para atentar en contra de ella. Un supuesto fundamental para su adecuado funcionamiento es que la carta fundamental que pretende resguardar cuente con una legitimidad reconocida mayoritariamente por la comunidad, lo que en nuestro país derechamente no ocurre, no sólo porque su origen es espurio, sino porque las múltiples reformas constitucionales que se han realizado derivan de acuerdos cupulares, sin que exista un proceso participativo el cual permita contar con un ordenamiento generado a partir de un consenso amplio al interior de nuestra sociedad.

Por otra parte, la integración del Tribunal Constitucional se define en su mayoría por un cuoteo impresentable, donde los principales bloques políticos llenan su cupo sin ningún escrutinio real acerca de la competencia profesional y académica de quien designan. De de sus 10 miembros, dos son elegidos por la Presidencia de la República directamente, dos por la Cámara de Diputados y otros dos por el Senado, quedando sólo 3 miembros nombrados por la Corte Suprema, la cual ha establecido un mecanismo de audiencias públicas y oposición de antecedentes que muestra un marcado contraste con la cuestionable forma en que se nombra al resto de sus ministros. El resultado de lo anterior está a la vista: en este Tribunal conviven ministros de una acreditada solvencia académica junto con operadores políticos los cuales, si no fuera por el impresentable cuoteo ya descrito, jamás podrían haber pasado por un proceso de selección objetivo y exigente para ésta, o cualquier otra judicatura.

Así las cosas, nos encontramos en el peor de los mundos, donde tenemos un Tribunal Constitucional que en casos relevantes decide como una cámara eminentemente política, replicando en los hechos la lógica del debate parlamentario pero bajo una correlación de fuerzas que no se define democráticamente; todo lo cual se pretende tapar con un manto de falsa juridicidad mediante fallos fingidamente alambicados, con abundantes citas doctrinarias formuladas de manera artificiosa, y cuya consistencia no resiste un análisis serio. De esta forma, lejos de crear una jurisprudencia que sirva para profundizar nuestro ordenamiento constitucional, nos encontramos frente a un conjunto de resoluciones acomodaticias que sólo sirven para dejar al desnudo las graves falencias de un órgano que lejos de constituir un resguardo efectivo para nuestra democracia, se ha trasformado en uno de sus principales enemigos.

*Magister en Derecho.

 

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