Chile, por quién doblan las campanas: ¿AFPs o Jubilados?

Las recientes manifestaciones, masivas, pacíficas y nacionales, convocadas por la iniciativa  NO + AFP, del 24 de julio y 21 de agosto pasados, han puesto en la agenda política la necesidad de una reforma profunda del actual sistema de pensiones, tema que finalmente ha llegado para quedarse. Más de 750.000 personas se manifestaron a lo largo y ancho del país en la convocatoria de julio;  un millón y medio en la de agosto. Por cierto, estas manifestaciones no surgen de la nada, son resultado de un largo proceso larvado que Chile lleva en sus entrañas.

Por Jaime Ensignia*

Hacia fines de los ´90 y principios de este siglo, observamos un debate más que incipiente sobre los contenidos de una reforma del sistema previsional. Los programas de gobierno de la Concertación, con mayor o menor convicción,  siempre abogaron por realizar cambios profundos en torno a las políticas estructurales llevadas a cabo en dictadura: en el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP); en el sistema de salud; en las relaciones laborales; en la reforma del sistema educacional y en la Constitución. Estas reformas, esperadas en los primeros años de retorno de la democracia, fueron relegadas en el tiempo.

EL CONTEXTO

Para centrar el debate que hoy en Chile adquiere un protagonismo inédito, es necesario señalar los preceptos fundamentales que dicen relación al análisis del sistema de pensiones en un mundo contemporáneo. Esto se conoce con el concepto de Seguridad Social (SS). Ésta, es reconocida como un derecho humano por su relevancia para el bienestar de los trabajador@, de sus familias y de toda la sociedad, y es un elemento clave en el objetivo del trabajo decente. El objetivo central de la SS es dar tranquilidad a las personas y a sus familias en cuanto a que el nivel y calidad de su vida no sufrirán, dentro de lo posible y razonable, un menoscabo significativo a raíz de ninguna contingencia social o económica.

El Convenio Nro. 102 de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) proporciona y define en forma global los elementos centrales que guardan relación con la SS, éstos son: asistencia médica; prestaciones monetarias por enfermedad; prestaciones de desempleo; prestaciones en caso de accidente del trabajo y de enfermedad profesional; prestaciones familiares; prestaciones por invalidez; prestaciones para sobrevivientes y, prestaciones de vejez. En este sentido, la SS es un derecho humano fundamental y un instrumento esencial para crear cohesión social y, de ese modo contribuye a garantizar la paz y la integración social. Según la OIT, la SS es uno de los logros sociopolíticos y económicos de mayor trascendencia para las sociedades occidentales en lo transitado del siglo XX, con plena vigencia en el presente siglo. Los SS y de protección social han estado experimentando enormes y complejas dificultades. Para algunos, estos sistemas son demasiados caros y perjudican los procesos de crecimiento económico y de desarrollo, para otros, que se han referido a las deficiencias en el nivel de la protección y al alcance de la cobertura, afirman que ante un aumento del desempleo y otras formas de inseguridad laboral o empleo precario, la SS es más necesaria que nunca (1).

Problemas propios de los nuevos paradigmas demográficos, como el envejecimiento de la población, la evolución de las estructuras familiares, la informalidad de los empleos, la pobreza de las pensiones, el encarecimiento de la salud, entre otros, son asumidos en el debate que la OIT tiene con sus contrapartes. El financiamiento de la seguridad y protección social, se han transformado en ejes sustantivos de esta reflexión. Es así, que la OIT, como así también organizaciones sociales, políticas y sindicales internacionales han estado muy conscientes de estos dilemas y complejos desafíos, no obstante subrayan la importancia de preservar, en un mundo cada vez más incierto, los preceptos básicos de la seguridad social (2).

LA SEGURIDAD SOCIAL EN CHILE

Chile junto a Uruguay, Argentina y Brasil fueron países pioneros en el establecimiento de la SS y su posterior desarrollo. Desde los inicios del siglo XX,  Chile pasa de organizaciones particulares de beneficencia a organizaciones estatales de protección social –para la época, insuficientes de todos modos-. Entre 1920 y 1924 se promulgan las llamadas “leyes sociales”, como la ley 4.054, sobre seguro obrero obligatorio, la ley 4.055 sobre accidentes de trabajo, entre otras. En la Constitución Política de 1925 se hace el reconocimiento jurídico de la seguridad y protección social. En los hechos, el sistema previsional chileno, basado en el reparto comenzó a desarrollarse desde la década de los ´20 y se fue ampliando en los decenios siguientes. Se estima que a fines del año 1973, el 76% de la población económicamente activa estaba cubierta por la SS y el sistema de reparto. Incluso en 1979, antes de la instalación del sistema de capitalización individual, el régimen cívico militar dictó el decreto ley  2.448, que estableció un sistema único de jubilaciones por vejez (65 años para hombres y 60 años para mujeres para jubilar), suprimiéndose las jubilaciones por antigüedad de los empleados. Previamente a la instauración del nuevo sistema de AFP, las principales críticas que se hicieron al sistema de reparto, vigente como sistema único hasta el año 1981, fueron las siguientes: desproporción entre aportes y beneficiarios; una excesiva cantidad de Cajas Jubilatorias, con múltiples  regímenes de beneficios y reajustes, lo cual permitía que algunas cajas con gran poder de presión política y económica lo aprovechasen para lograr pensiones onerosas; pensiones en términos generales bajas (70% de los afiliados recibía la pensión mínima);  excesiva lentitud en el cálculo y pago del beneficio, debido a gestión mala, altamente burocratizada, que no contaba con los recursos tecnológicos actuales.

En opinión de muchos expertos este sistema de reparto, pese a las deficiencias anotadas, podría haber sido modernizado y puesto a la altura de las exigencias de los nuevos tiempos sin que fuera necesario dar el salto sideral que significó la total privatización del régimen jubilatorio chileno. Paradojas de la historia y cuestión que no deja de sorprender, las FFAA y de orden se mantuvieron al margen de este cambio, quedándose en el sistema de reparto (3) junto a aquellos que, pese a todo tipo de presiones y de una feroz propaganda en los medios de comunicación, siguieron en este régimen jubilatorio a través del Instituto de Normalización Previsional (INP) que luego se transformó en el Instituto de Previsión Social (IPS).

DEL SISTEMA DE REPARTO A LA CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

En mayo de 1981, el entonces Ministro del Trabajo y Previsión Social, José Piñera, el mismo ministro que en 1979 cercenaba los derechos de trabajadores y trabajadoras con el Plan Laboral, anunciaba la puesta en marcha de un nuevo sistema de pensiones. Sistema de jubilación nunca visto en ninguna parte del planeta, que entre sus publicitadas bondades se comprometía a que la tasa retorno bordearía el 100% del último salario al momento de jubilarse. El decreto ley 3.500 establecía un sistema de pensiones obligatorio, basado en la capitalización individual de los cotizantes, que exigía tan solo un 10% de cotización por trabajador y con administración privada.

Un dato no menor en la discusión que hoy remece a la sociedad chilena, es que este cambio drástico, tanto en lo laboral como en lo previsional, se realiza en un escenario de total impunidad política por parte de la dictadura cívico-militar: sin Parlamento, con partidos políticos proscritos y líderes sindicales perseguidos o en el exilio, el sistema nace carente de legitimidad social y política.  Y aunque, en un comienzo, el decreto ley permitía, a quienes ya estaban en el mercado laboral optar “voluntariamente” por entrar en el nuevo sistema de pensiones o permanecer en el antiguo, a partir del 1° de enero del año 1983, fue obligatorio para todos aquellos que se integraban a un trabajo formal.

El sistema se inició con 12 AFP privadas. Incluso durante la década de los 80, organizaciones sindicales poderosas, como la de los trabajadores de la minería, de la banca, de profesores, entre otras, formaron sus respectivas AFP. Hoy, el proceso de concentración económica ha llevado a que tan solo 6 AFP controlen todo el mercado de la previsión social, con la consolidación del tremendo poder económico y político que esto conlleva. El lobby de estas administradoras ha sido tan fuerte como para condicionar a los diferentes gobiernos de la Concertación a promulgar leyes que beneficiaron los intereses de la industria previsional por sobre los de trabajadoras y trabajadores afiliados.  En el 2008, la llamada Comisión Marcel, convocada por el primer gobierno de la presidenta Bachelet con el objetivo de “transformar” el sistema de pensiones, incorporó un nuevo pilar: la Pensión Básica Solidaria (PBS). Su creación fue un destacado logro para quienes estaban quedando afuera del sistema y se focalizó en sectores vulnerables que no habían cotizado ni en las AFP, ni en el antiguo sistema de reparto. En este sentido , el PBS constituye un avance importante, sin embargo, tal como está y por los montos que supone, no califica como parte sustantiva de un sistema de pensiones, sino que se corresponde, más bien, con una política de asistencialismo social. La industria previsional con los resultados de esta Comisión no fue de ninguna manera afectada.

En concreto, el poder de las AFP hoy en día está expresado en lo siguiente: existen 10.109.250 afiliados, de los cuales 5.177. 277 cotizan mensualmente el 10% de sus ingresos. Los fondos que administran las AFP al 2016 se elevan a USD 167.836 millones, lo que equivale, aproximadamente, a dos tercios del PIB de Chile. No obstante, el sistema pagaba en junio pasado 1.171.260 pensiones con un monto promedio autofinanciado de $211.229 (4), monto muy insuficiente para el elevado costo de vida del país.

Ahora bien, ¿a quiénes beneficia este enorme poder? En un artículo reciente, los investigadores de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez y Marco Kremerman, constatan:

“Con los fondos que administran e invierten las AFP se ha consolidado una matriz productiva chilena, mono exportadora, rentista y con altos niveles de concentración.  Una matriz que se ha basado en pagar bajos salarios -un 50% gana menos de $305.000 pesos- y presentar altos grados de endeudamiento -11 millones de chilenos endeudados y 4 millones de morosos-. Una matriz que permite obtener rentabilidades sobre patrimonio soñadas (sobre el 20%) para muchos sectores productivos –como la banca, la minería, AFP-. Una matriz que opera sobre la base de la colusión, la evasión de impuestos y que financia campañas políticas”. (5)

LA SOCIEDAD CIVIL SE TOMA LAS CALLES

Los datos expuestos, el poder político y económico incontrarrestable de las AFP; su fracaso; el contraste con las exuberantes pensiones de Gendarmería, Fuerzas Armadas y Carabineros, no debe sorprender la ira colectiva –no sólo de jubilados y jubiladas, sino de la ciudadanía en general-. En las multitudinarias manifestaciones que se están llevado a cabo en todo Chile convocadas por el movimiento No + AFP, se expresa también el repudio frente a diversos abusos como elementos constituyente del malestar que hoy se observa en la sociedad chilena, fenómeno que consigna con sólidamente el “Estudio triangular” realizado por académicos de la USACH en 2016 (6). Lo que explota, en el caso concreto de estas manifestaciones sociales, es el malestar latente que, previsiblemente, seguirá expresándose hasta que exista una real hoja de ruta de cambio de esta reforma al sistema previsional en nuestro país. Indudablemente, éste  será uno de los principales tópicos de debate en la próxima contienda presidencial de noviembre de 2017.

En el actual escenario político resulta incomprensible la demora que ha mostrado el gobierno y la presidenta Bachelet en reunirse con representantes del movimiento NO+AFP, insoslayable interlocutor político y social. Serán aún más altos los costos políticos que deba pagar el gobierno si la opinión pública registra que se sigue priorizando la relación con los dueños de las AFP, con gremios empresariales  y parlamentarios de la derecha política, pero se cierran las puertas a las  organizaciones que están a la cabeza de las movilizaciones ciudadanas. Cabe destacar que los voceros de este movimiento provienen del movimiento sindical y algunos de ello son parte de organizaciones sindicales adscritas a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como Luis Mesina -gremio  bancario;  Esteban Maturana y Carolina Espinoza (CONFUSAM), así como dirigentes del sector público (ANEF) y del sector metalúrgico (CONSTRAMET). En este sentido, es menester constatar que la CUT ha estado contra el sistema de AFP desde sus orígenes (7).

LAS REACCIONES: de la Comisión Bravo a la explosión ciudadana.

El programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, le entrega al tema del sistema de pensiones una relativa importancia. Es así como a mediados del año 2014 se constituyó la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones (Comisión Bravo), que tenía como plazo fines del año 2014 para entregar un primer informe, sin embargo, fue presentado en el mes de septiembre del 2015. Este informe presenta tres opciones: la alternativa “A”, que proponía cambios pero no alterando la lógica de las AFP; la “B”, que propone la creación de un sistema mixto de pensiones, y la alternativa C, que se inclina por el retorno al sistema de reparto.  Los resultados de la Comisión Bravo quedaron radicados en el Consejo de Ministros para su análisis y evaluación, sin embargo, no se percibió ningún tipo de avances en el tema hasta que explotó desde la misma ciudadanía. Cabe reconocer, más allá de las dilaciones gubernamentales, el valioso trabajo de la Comisión Bravo en cuanto al análisis y seguimiento de la realidad previsional del país, y en la formulación de las propuestas. Entre los múltiples debates generados en torno al tema, uno de los miembros de la Comisión, el académico de la Universidad Católica, Hugo Cifuentes, señala:

“Un 50% de los pensionados, entre 2007 y 2014, recibe pensiones iguales o inferiores a $82.650, incluido el Aporte Previsional Solidario. Existe una brecha importante entre los montos de pensión de hombres y mujeres. Mientras la mitad de ellas obtienen pensiones no superiores a $42. 561, los hombres reciben $112.333 o menos. La mitad de los hombres obtienen tasas de reemplazo iguales o inferiores al 60%, la mitad de las mujeres alcanza un máximo un 31%. En términos de valores absolutos, el 78% de los jubilados recibe pensiones inferiores al salario mínimo y 44% por debajo de la línea de la pobreza” (8). Cabe recordar que el salario mínimo es actualmente de $257.500 pesos.

En todo caso, el gobierno fue sorprendido por la masividad de la primera marcha de No + AFP y reacciona a través de una cadena nacional de la presidenta Bachelet. Posteriormente da a conocer los puntos centrales de la propuesta, que se resumen en los siguientes: 1) Aumentar la cotización en 5 puntos a cargo del empleador en un plazo de 10 años que vaya a un Pilar de Ahorro Colectivo; 2) Mantener y fortalecer el Pilar Solidario de invalidez y vejez; 3) Mantener la cotización individual del 10% en las AFP; 4) Devolver al cotizante las comisiones cobradas por la AFP cuando tiene rentabilidades negativas; 5) Incorporar a representantes elegidos de los cotizantes en las AFP y de las compañías que invierten los recursos; 6) Modificar la comisiones ocultas que cobran las AFP al afiliado; 7) Promover mayor competencia con licitación de carteras de afiliados; 8) Crear la AFP Estatal que sea alternativa pública; 9) Revisar los otros sistemas de previsión para evitar distorsiones; 10) Cambiar parámetros que se usan para estimar las pensiones; 11) Incorporar a los independientes gradualmente; 12) Usar una sola tabla de mortalidad para hombres y mujeres (9).

Las propuestas del ejecutivo motivaron una fuerte controversia sobre sus objetivos e intenciones. Nuevamente al interior del gobierno se presentan desacuerdos entre los ministros: el Hacienda, Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) y Economía tendrían fuertes diferencias con la ministra del Trabajo y Previsión Social y con el ministro de Desarrollo Social. La principal observación desde el movimiento social apunta a que la propuesta de gobierno mantiene sin alterar sustantivamente el sistema de AFP. “Mucha paja y poco trigo”, es otra de las críticas a lo planteado por la presidenta Bachelet (Hormazábal), destacándose la decepción en cuanto a lo propuesto en este mensaje gubernamental. Andras Uthoff, ex miembro de la Comisión Bravo, señala que el conjunto de las medidas propuestas no cambia lo esencial: “es una propuesta maquillada con un lenguaje bonito”, o bien, tal como lo expone en su columna el abogado y cientista político Santiago Escobar, el mensaje político fue claro: las iniciativas anunciadas por la mandataria validan el sistema y se inclinan por reformas muy menores. Sin embargo, también la derecha y la industria previsional reaccionan en términos globales en contra del mensaje presidencia (10).

LAS AFP Y LA DERECHA POLÍTICA SE ATRINCHERAN

Al igual que frente a otras reformas planteadas por el actual gobierno, la derecha política y económica no dará fácilmente su brazo a torcer hacia un nuevo sistema de pensiones. Y muy probablemente, si se viera sobrepasada por las posibles iniciativas del ejecutivo y las presiones del movimiento social, volverá a recurrir al Tribunal Constitucional para vetar todo tipo de cambio. Por cuanto no se avizora que concurrirá al llamado del gobierno a un gran acuerdo nacional en torno a una transformación sustantiva de las AFP. Así lo han expresado altos ejecutivos de las administradoras. A la vez, dirigentes políticos del bloque de centroderecha Chile Vamos se han manifestado en contra del llamado del gobierno. Hernán Larraín, presidente del partido más importante de este conglomerado, la Unión Demócrata Independiente (UDI), ha expresado: “Nos vamos a preocupar de haya pensiones razonables, decentes para la gente; y no vamos a impulsar, ni vamos a aceptar las propuestas que el gobierno quiere llevar adelante en el tema de las pensiones porque ellas están llamadas a causarles un profundo daño a la clase media” (11). En la misma línea apunta la columna “No al estatismo en las pensiones” del ex ministro de la SEGPRES del gobierno de Sebastián Piñera, Cristián Larroulet, quien argumenta: “Son muchas las razones para perfeccionar el actual sistema de pensiones. Sin embargo, ninguna de ellas justifica que el Estado tenga un mayor rol a través de establecer un sistema de reparto, crear una AFP estatal o elevar los impuestos” (12).

La posición de la derecha económica y política se deja ver con nitidez: nada de intervención del Estado, no abrigar fantasías sobre volver al pasado con un sistema de reparto, que en la concepción de la mayoría de los neoliberales, es un sistema fracasado. Su misión es clara y consiste en abogar por perfeccionar el actual sistema de AFP. Para ello cuentan, entre otros recursos, con el apoyo evidente de varios medios masivos de comunicación, que se suman a la feroz campaña de desprestigio hacia propuestas alternativas a este sistema de capitalización individual.

COROLARIO

• El sistema de AFP ha fracasado como sistema de pensiones. En esto hay un cierto consenso mayoritario. De preservarse las AFP por la trascendencia que tienen en la política económica del país (dos tercios del PIB), deberían transformarse gradualmente tan solo en un seguro privado de ahorro adicional para las pensiones, optativo para quienes puedan asumirlo. Sin embargo, resulta insoslayable que el lobby de las AFP sigue operando al más alto nivel y, de una u otra manera, han puesto al gobierno a la defensiva, dejándolo sin grandes márgenes políticos de acción. El inmenso poder que tiene la criatura de José Piñera al administrar casi USD 170.000 millones parece excesivo como para pensar siquiera en dejarlo caer; como señala Héctor Cárcamo en una columna reciente, “Too big to fail” (13).

• La derecha y el empresariado chileno dan una vez más muestras de defensa a toda costa de un sistema económico que está en decadencia al no comprender que hay que hacer reformas profundas para poner a Chile de acuerdo a los estándares de economías y sociedades avanzadas. Las reformas en discusión, más allá de su deficiente gestión, no son parte del asalto al Palacio de Invierno, ni de un trasnochado regreso al estatismo, son reformas absolutamente necesarias para modernizar el país en los marcos del sistema capitalista, pero, de un sistema capitalista maduro.

• En el debate actual, una de las propuestas más plausibles de quienes no están tan sólo por maquillar el actual sistema de AFP, pasa por la concreción de un sistema mixto. Ésta está condensada en la propuesta B de la Comisión Bravo e implica la creación de un pilar de reparto paralelo al actual sistema de capitalización individual (14).
• En cuanto a las opiniones de acuerdo o desacuerdo con las propuestas del gobierno, se debe valorar que en el momento político que estamos viviendo, por primera vez se debata pública y masivamente los temas centrales de la SS en Chile. Es decir, pese al peso de las AFP, de sus defensores en la derecha política, sumados a algunos en la vieja Concertación y en la Nueva Mayoría, el resultado de este debate está abierto y es obligadamente público.
• Retomando la interrogante que plantea el título de este artículo, las campanas parecen doblar hasta el momento por las AFP, lo que supone que jubilados y jubilados deban hacer algo que no pueden: esperar una nueva oportunidad para cambiar las reglas del juego.

 Notas-.

1-. Informe VI, Seguridad Social: temas, retos, y Perspectivas, Conferencia Internacional del Trabajo, 89ava Reunión 2001, OIT – Ginebra 2001.

2-. Variados fueron los informes y análisis sobre el tema de la Seguridad Social en la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), luego con la creación de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), en el 2008, el sindicalismo latinoamericano ha expresado una preocupación, no tan solo sindical, sino también socio política acerca del tema de la SS en el Continente Latinoamericano y del Caribe.

3-. Acerca del debate sobre lo obsoleto del sistema de reparto y frente a la “verdad” impuesta por las AFP y los medios oligopólicos, de que este sistema está quebrado en el  mundo desarrollado, ver: Columna de Gonzalo Martner que replica lo contrario, en Chile 21: ¿Los sistemas de reparto están quebrados?, www.chile21.cl , 1 de agosto 2016.

4-. Ver: Pamela Jimeno: Los seis puntos clave de la propuesta de pensiones que trabaja el gobierno, en www.latercera.cl , 21 de agosto de 2026, pág.4.

5-. Ver: Recaredo Gálvez y Marco Kremerman: A quién sirve el negocio de las AFP, www.elmostrador.cl , 18 de julio 2016.)

6-. El Estudio Triangular dirigido por Alberto Mayol aplica una trilogía metodológica basada en una encuesta de opinión, un estudio cualitativo donde se analizan seis meses de contingencia y un estudio Big Data de la prensa nacional centrado en los primeros seis meses de 2016. Más información en la Facultad de Administración y Economía de la USACH http://www.fae.usach.cl/fae/index.php?option=com_content&view=article&id=4046:2016-08-16-21-08-41&catid=13:noticias-fae

7-. Ver dos documentos de la CUT, el primero del año 2004 “Sistema de Pensiones en Chile. Diagnóstico y propuestas de reforma a 24 años de su funcionamiento. El segundo “La CUT y los cambios que Chile necesita para profundizar la democracia y el trabajo, pág. 21-22 y 23, octubre 2013.

8-. Ver: Hugo Cifuentes: Las pensiones y la dignidad,  www.latercera.cl ,16 de agosto, pág. 27.

9-. Ver el detalle de las propuesta del gobierno en: Presidenta plantea alza a 15% en cotización para crear pilar de ahorro colectivo solidario, en:  www.latercera.cl , miércoles 10 de agosto de 2016, pág. 2 y 3. Ver: Bachelet llama a acuerdo nacional para hacer profundos cambios al sistema de pensiones en www.df.cl , miércoles 10 de agosto 2016 y, ver: El corazón de las propuestas de pensiones del gobierno en www.elsiglo.cl, 19 de agosto de 2016, pág. 10 y 11.

10-. Ver: Ricardo Hormazábal: Bachelet y las AFP: mucha paja poco trigo, Andras Uthoff: Es una propuesta maquillada con un lenguaje bonito, ambas en www. El mostrador.cl, 10 de agosto de 2016 y Ver: Santiago Escobar: El debate sobre las AFP y la crisis del modelo de concentración de la riqueza, www.elmostrador.cl , 11 de agosto 2016.

11-. Ver declaraciones del senador Hernán Larraín, en www.df.cl, 23 de agosto de 2016, pág. 17.

12-.Ver: Cristián Larroulet: No al estatismo en las pensiones,  www.latercera.cl , sábado 20 de agosto de 2016, pág. 14.

13-. Ver: Héctor Cárcamo: Too Big to Fail: por qué es tan difícil reformar de raíz el sistema de AFP, en www.elmostrador.cl , 11 de agosto 2016.

14-. Ver: Entrevista con uno de los ideólogos de la propuesta B de la Comisión Bravo. Christian Larraín y reformas en pensiones: “Este gobierno no tiene la fuerza para hacer algo de esa envergadura, www.pulso.cl , pág. 12, 27 de julio de 2016.

*sociólogo, Dr. en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Libre de Berlín, ex director socio político de la Fundación Friedrich Ebert en Chile. Actual director del Programa Internacional y de Relaciones Laborales de la Fundación Chile 21. Colaborador del Barómetro de Política y Equidad, especialista en política internacional y de relaciones laborales. Autor de numerosos artículos y libros.