La fórmula Soquimich

jueves 28 de abril 2016
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mauricio Daza nuevo columnistaLas cuestionables circunstancias en que adquirió la propiedad de la minera no metálica estatal, en plena dictadura y mientras era yerno de Pinochet, son bastante conocidas. Sin embargo, ni SQM ni Ponce se habrían transformado en lo que son, sin la ayuda de los gobiernos de la Concertación.

Por Mauricio Daza C.*

Resulta natural preguntarse sobre la razón por la que Julio Ponce Lerou habría estado dispuesto a financiar, con importantes montos y durante un largo tiempo, a personeros de todo el espectro político. Una hipótesis que surge con fuerza se vincula con la necesidad de perpetuar la formula a partir de la cual Ponce logró convertirse en una de las mayores fortunas del mundo: ganar dinero a costa del Estado.

Las cuestionables circunstancias en que adquirió la propiedad de la minera no metálica estatal, en plena dictadura y mientras era yerno de Pinochet, son bastante conocidas. Sin embargo, ni SQM ni Ponce se habrían transformado en lo que son, sin la ayuda de los gobiernos de la Concertación.

Mediante contratos firmados los años 1993 y 1995, el gobierno entregó a SQM en arriendo, hasta el año 2030, más de 28 mil pertenencias mineras del Estado ubicadas en el Salar de Atacama, a fin de que pudiera producir y comercializar de manera exclusiva y excluyente “todo y cualquier compuesto de potasio, boro, litio, sodio” y toda otra “sustancia mineral económicamente recuperable”. Lo anterior, bajo condiciones absurdas en perjuicio del Estado, entre las que se encuentra el pago de una “renta” equivalente al 6,8% del precio de venta de las sustancias que la empresa de Ponce sacara del Salar, menos el valor del “flete” que declare pagar para trasladar los minerales.

La envergadura e importancia de esta operación para SQM se ve reflejada en que casi la mitad de sus utilidades anuales derivan de ella. De esta forma, una parte sustantiva de su actual valor bursátil, que actualmente supera los seis mil millones de dólares, finalmente depende de un contrato perjudicial para el interés público, suscrito de manera poco transparente con el Estado.

Después de años de una inexcusable y sospechosa desidia por parte de nuestras autoridades, las cuales ni siquiera fueron capaces de fiscalizar que los términos de estos acuerdos se cumplieran, CORFO demandó a SQM a fin de poner fin anticipado a los referidos contratos, por incumplimientos reiterados y graves de la minera. Estos básicamente se refieren a que SQM habría vendido las sustancias que sacaba del Salar a empresas relacionadas, bajo precios inferiores a los de mercado, para después revendérselas a los verdaderos consumidores finales con precios reales; todo lo cual le habría permitido pagar un monto significativamente menor al Fisco. Sin embargo, lo anterior representa sólo una pequeña fracción de los graves incumplimientos contractuales y actos irregulares realizados por la empresa para enriquecerse ilícitamente a costa del interés general.

Resulta tan relevante para Ponce y SQM que les sea favorable el fallo del tribunal arbitral que debe conocer de este conflicto, que mientras la atención pública se encuentra centrada en los escándalos por el financiamiento ilegal a la política, se lleva a cabo una fina operación comunicacional y un lobby intenso para que este contrato se mantenga a toda costa hasta el año 2030.  En tal contexto resulta llamativa la situación de Eduardo Bitran, presidente de Corfo, quien en contra de muchos se mantiene firme en su posición, cada vez más solitaria, de poner termino anticipado a este contrato.

Lo que finalmente ocurra en este conflicto permitirá constatar cuál es la vigencia y poder real de una red de influencias que Ponce y SQM logró construir con la ayuda activa de importantes miembros de la Concertación, quienes no dudaron en vender el interés público y sus conciencias a quien resultó ser el mejor postor: el yerno del dictador.

*Abogado. Magister en Derecho Penal y Procesal Penal

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