Consejo asesor o bypass para la democracia

viernes 24 de abril 2015
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Columnista Mauricio MoralesLo dramático del asunto es que si el Consejo hace sus sugerencias de manera muy específica y con medidas demasiado extremas, dejará con un espacio muy limitado tanto el Ejecutivo como al Legislativo.

Por Mauricio Morales, director Observatorio Político Electoral UDP

El Consejo Asesor Presidencial que propondrá un marco regulatorio para la relación entre dinero y política pondrá en aprietos a los congresistas. Por un lado, se está generando un bypass entre el ejecutivo y el legislativo. Por otro, habrá poco espacio para que los congresistas desechen las recomendaciones de la comisión. No será bien visto que, en caso de que la comisión proponga la pérdida del escaño para los diputados que hicieron trampa financiera, se tomen medidas sancionatorias exclusivamente pecuniarias.

Ya se ha dicho que este Consejo viene a suplir las labores del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. No tiene mucho sentido discutir el proyecto de ley que el gobierno envió al Congreso para regular el financiamiento de partidos y de campañas. Se supone que es este Consejo el encargado de resolver tal tipo de materias. Por tanto, el bypass podría hacer que la sangre corra más rápido y, dado que sólo se estipularon 45 días para evacuar el informe, se tomen medidas de manera más eficiente sin pasar por lo costoso que resultaría incluir a los partidos en la toma de decisiones. Al parecer, y al menos para este tipo de temas, el Consejo tiene una clara superioridad moral sobre el Congreso.

¿Dónde está el peligro? Es muy plausible que este Consejo contribuya a reducir aún más la confianza en las instituciones y especialmente en el Congreso, haciendo inútil la labor del gobierno y de los partidos al momento de generar nuevas reglas. Dado el ambiente de opinión pública, el Consejo bien podría sugerir medidas sancionatorias extremas a fin de ser congruente con una ciudadanía que quiere llevar a los políticos a un verdadero patíbulo. ¿Qué hará el Congreso? La primera opción es agachar el moño y aprobar las recomendaciones de la comisión. Con eso, teóricamente, estaría dando muestras de una voluntad a toda prueba para castigar a los tramposos y premiar las buenas prácticas. La segunda opción es que el Congreso tome estas recomendaciones como lo que son. El problema es que a los ojos de la ciudadanía, el echar para atrás las decisiones del Consejo podría ser interpretado como un intento por persistir en las malas prácticas. Por tanto, el Congreso -producto de su desacuerdo con el Consejo- podría caer en un nuevo espiral de desconfianza ciudadana.

El otro aspecto que debe definir el Consejo es el mecanismo para tomar decisiones. Puede que algunas sugerencias gocen de amplio respaldo y que sean fácilmente consensuadas. Pero también es posible que dentro del Consejo existan legítimas diferencias. En ese caso, ¿de qué forma se transmitirán las recomendaciones?, ¿regirá el criterio de mayoría o simplemente se dejarán fuera las recomendaciones que provoquen más polémica? Sería ingenuo pensar que los miembros del Consejo sean totalmente apartidistas. De alguna forma, los consejeros también obedecen a su procedencia política y, en tal sentido, podrían manifestar públicamente su desacuerdo con las decisiones que se tomen dentro del Consejo. ¿Qué sucederá después? Las recomendaciones serán tomadas por la Presidenta y sólo luego de aquello podrán transformarse en proyectos de ley, los que serán discutidos en el Congreso.

¿Qué pasaría si alguna de las sugerencias del Consejo no son del agrado del Ejecutivo?, ¿se enviarán tal como están al Congreso o va a existir un filtro desde alguno de los ministerios? Es razonable pensar que desde Interior o Segpres se levanten voces que cuestionen algunas de las sugerencias. De lo contrario, sería más fácil gobernar con Consejos que con Ministerios. Lo dramático del asunto es que si el Consejo hace sus sugerencias de manera muy específica y con medidas demasiado extremas, dejará con un espacio muy limitado tanto el Ejecutivo como al Legislativo. Algo así apunta precisamente en la dirección contraria a la esperada. Mientras el Consejo podría ganar adhesión debido a su aparente independencia, las instituciones democráticas quedarían definitivamente debajo de la mesa.

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