Derecho a la Identidad ¡Gracias Consuelo!

miércoles 17 de diciembre 2014
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SilvaRevisando un documental sobre memoria y derechos humanos, me encontré con la declaración de un chico de nacionalidad argentina que decía que “el diccionario está lleno de errores, cuando señala el antónimo de olvido dice que éste es memoria, ¿no será justicia?”.

Escribe Matías Silva Alliende, abogado

Hace más de 60 años que la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde todos sus países miembros, que hoy son cerca de doscientos, se comprometieron a respetar y promover. Sin embargo, esta declaración en realidad constituyó el inicio de un largo y complejo proceso global cuya finalidad es que dicho compromiso se transforme en una realidad en todos los países adherentes.

Si el sólo cumplimiento del respeto irrestricto a los derechos humanos por parte de los distintos gobiernos es ya un desafío de proporciones, quizás uno de los aspectos más difíciles de resolver es lo que dice relación con su promoción e instalación en los procesos educativos formales.

El consenso social acerca de la legitimidad y obligatoriedad de estos derechos sienta las bases para que la legalidad que los sustenta se ancle en un terreno firme, indemne a vaivenes políticos o circunstancias históricas determinadas, y alienta a que cualquier vulneración a aquellos genere el rechazo colectivo en la comunidad democrática. Este consenso supone que los derechos humanos son conocidos por todas las personas, que son respetados y que existe sanción social y jurídica para los sujetos que son partícipes de acciones sistemáticas en que aquellos sean conculcados.

¿Pero qué pasa con la relación memoria y justicia? En Chile sólo a fines de la década de los ochenta y decididamente con el retorno a la democracia y el accionar de la justicia en los noventa se instalan las certezas sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. Este es el período en que en el imaginario colectivo comienzan a asomar, en cierto modo con asombro, las sombras de un pasado oscuro donde militares y civiles involucrados fueron protagonistas de hechos de violencia y aniquilación sin precedentes en la historia del país.

La conciencia colectiva sobre el significado de los derechos humanos en el país no es de larga data, sino más bien reciente. A veinticuatro años desde la recuperación de la democracia todo indica que este tiempo ha sido insuficiente para la consolidación de su discurso y práctica.

Así hay un tema del cual jamás hemos hablado y ese es el Derecho a la Identidad. De ahí la importancia del reportaje del lunes pasado de la periodista Consuelo Saavedra (Informe Especial/TVN). Durante la dictadura, los militares consideraban que la ideología que trataban de exterminar en los desaparecidos podía transmitirse a través del vínculo familiar, por eso se apropiaban de sus hijos e hijas y los entregaban, en su mayoría, a familias de militares. Anular, borrar su identidad tenía como objetivo que no sientan ni piensen como sus padres, sino como sus enemigos.

Según el reportaje, el procedimiento de apropiación de niños y niñas se llevaba a cabo de diferentes maneras. Algunos fueron secuestrados junto a sus padres. Otros nacieron durante el cautiverio de sus madres que fueron secuestradas embarazadas y obligadas a parir en maternidades clandestinas. Recién nacidos los hijos eran separados de sus madres y eran entregados a familias de militares.

Los niños y niñas robados fueron inscritos como hijos propios por los miembros de las fuerzas de represión, dejados en cualquier lugar o abandonados en institutos como seres sin nombre NN. De esa manera los hicieron desaparecer al anular su identidad, privándolos de vivir con su legítima familia. Respecto de la cantidad de secuestros de niños y niñas, y de jóvenes embarazadas, el funcionamiento de maternidades clandestinas no contamos con cifras oficiales, lo que claramente es una deuda más del Estado de Chile con los Derechos Humanos.

La desaparición, la apropiación de niños y posterior sustracción y ocultamiento de su identidad, no es algo nuevo; es una práctica que se lleva a cabo en todo el mundo, incluso hoy en día. Pero en lo que respecta a la dictadura acontecida en nuestro país es importante que se tenga clara conciencia de que este delito fue llevado a cabo por nuestro Estado. Fue el Estado Chileno el que violó el derecho a la identidad, llevando a cabo un plan de sustracción de la identidad de los niños y niñas, por lo que es necesario hacer explícito este derecho, que hasta hoy parece ser considerado por la sociedad en su conjunto como irrelevante, como no prioritario.

¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad? Derechos fundamentales como la libertad son fáciles de comprender y apreciar por lo que no requieren de grandes explicaciones. Sin embargo el derecho a la identidad, tal vez es tan obvio que pareciera no tener que explicitarse. En palabras sencillas es el derecho de cada uno a saber quién es.

La mayoría de nosotros, por suerte, conocemos a nuestros verdaderos padres, sabemos quiénes son o quiénes fueron, pertenecemos a un grupo familiar, a una cultura a una historia. Conocer las respuestas a estas preguntas es un derecho de toda persona que viene al mundo, es el derecho a la identidad, el derecho a saber quiénes somos. Del reportaje del día lunes se desprende que en Chile no todos saben verdaderamente quienes son.

Reflexionar sobre la importancia de saber de dónde venimos, es una responsabilidad como personas y por ende como sociedad. La sustracción de la identidad es un problema de todos. Debemos asumir la búsqueda de los nietos que tienen sustituida la identidad y garantizar la vigencia plena de este derecho, para los nietos y todos los hombres y mujeres que están en esa situación. Resulta importante que toda la sociedad se comprometa con la tarea de garantizar el derecho a la identidad, no sólo por solidaridad sino porque es un problema de todos. Generar mecanismos de restitución, como lo han hecho las Abuelas en Argentina a través de mecanismos genéticos es una tarea de Estado.

La restitución no repite ninguna de las circunstancias de la situación violenta original. No hay arrancamiento ni silenciamiento, las víctimas recuperan una relación genuina, que se establece con la fuerza de un reencuentro revelador, abriéndole el camino a sentirse y saberse ellas mismas, accediendo a su propia verdad. Es una situación nueva, reparadora, que se basa en la articulación de verdad y justicia. Su significación más plena es dejar de ser desaparecidos. La restitución descubre la eficacia del reencuentro con el origen, reintegra a la víctima en su propia historia, y le devuelve a la sociedad toda la justicia que radica en conocer la verdad.

De ahí que debemos entonces seguir construyendo entre todos la memoria. Porque el derecho a la identidad nos permitirá volver a ser lo que nunca debimos haber dejado de ser. Por eso es bueno nunca olvidarse de la historia, porque la memoria siempre nos va a permitir reivindicar la vida, en lo personal y en lo colectivo. Y si la UDI y los Urrutia nos vienen a decir que siempre estamos mirando el pasado, les podemos decir que lo que estamos tratando de hacer es transformar el presente. Pero esto nos exige pensar nuestra historia y de cómo los poderosos de siempre se agrupan para mantener sus privilegios.

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