Elitismo, Nueva Constitución y la Fiesta Posible

miércoles 2 de julio 2014
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Silva¿Es posible evitar el elitismo en la discusión de un nuevo proyecto constitucional? En una entrevista que dio Eduardo Galeano a Clarín de Buenos Aires el año pasado dijo lo siguiente. “El machismo, el racismo, el elitismo, el militarismo y otros ismos nos han ido dejando ciegos de nosotros mismos”.

Aplicando esta frase a nuestra Constitución y a la posibilidad de un nuevo Pacto Constitucional, vamos a concluir en algo obvio pero a la vez devastador. En cuanto a su estructura, se puede afirmar que en nuestro texto constitucional sigue primando una fundamentación iusnaturalista (artículos 1º inciso 1°, 5º inciso 2° y 19 de la Constitución) y una consagración de los derechos fundamentales como límites al Estado antes que como obligaciones de actuación.

Los derechos consagrados en la Constitución tienen un énfasis en las libertades (entendidas como protección frente al Estado y suponiendo una omisión de su parte), sin que expresen un adecuado desarrollo en materia de derechos de participación y derechos sociales, como es característico del constitucionalismo actual. Los derechos consagrados no recogen plenamente los derechos de participación (por ejemplo, hay una consagración formal del derecho a sufragio, pero las estructuras de poder no reflejan una igualdad de impacto mínima en términos de Dworkin).

En cuanto a los derechos de salud, educación y trabajo, son tratados principalmente como libertades (de elección) y no como derechos de prestación por parte del Estado. En efecto, dos de los derechos que son clásicamente concebidos como derechos de igualdad, como lo son la salud y la educación, se establecen en el texto constitucional chileno como mandatos de organización y actuación del Estado, y no como derechos exigibles directamente, como sí ocurre respecto de las normas vinculadas con las libertades negativas.

¿Podemos decir que estamos en una situación difícil? A mi parecer esa no es la pregunta a plantearse.

La pregunta es ¿qué es ser igual y libre en nuestra democracia? En realidad parecen dos preguntas en una. La igualdad nos va a remitir al disfrute de un mismo conjunto de derechos al margen de cualquier diferencia individual y/o colectiva. La libertad por su parte, apunta a poder disponer de tales derechos bajo condiciones cuantitativa y cualitativamente comunes a todos los iguales.

El problema parece ser que la igualdad, en las supuestas constituciones liberales modernas (como la nuestra), sólo se considera como derecho con respecto al espectro mínimo de los derechos fundamentales; en cambio se estatuye como un principio potente, digno de defender, en la llamada Constitución Económica, todo esto dentro de la llamada libertad positiva del también llamado Estado Social de Derecho. ¿Qué es sino tener igualdad de oportunidades? Significa que realmente parece ser que tiene mayor grado de fundamentalidad la libertad de empresa, la iniciativa privada y la potestad negocial.

Esta situación parece sugerir que más allá de ciertas fuerzas reformistas, hacia dentro del sistema, el cambio constitucional y la expansión democrática vendrán con mayor fuerza desde la sociedad activa, desde abajo y desde fuera del propio sistema político.

Si alguien quiere reconocer que nos encontramos en una situación difícil, ¿bajamos la cortina y nos vamos? ¿Aplicamos la política del último que se va apaga la luz?

La respuesta es no. Descartada la posibilidad de los límites formales -no materiales- a la soberanía popular -que incorpora en su práctica hoy principios implícitos de la vida y de la práctica de una sociedad democrática, como el lenguaje, la pretensión de persuasión, la no violencia, posibles espacios de acción comunicativa no manipulada, etc.- queda preguntarse si el sistema de reforma constitucional es un proceso que, de alguna forma, podrá permitir la expansión de los horizontes de una sociedad que pretende ser más democrática y reforzar sus compromisos prácticos con la autonomía individual y el autogobierno colectivo.

Las diferentes estrategias de poder que permiten una reforma constitucional, deberían ser criticados por sus intolerables deficiencias democráticas. En este punto, es imposible encontrar en los procesos constituyentes chilenos una legitimidad que no sea una ficción inaceptable. Los procesos constituyentes han sido a espaldas de la sociedad, producto de pactos de elite, no a través de una instancia participativa y horizontal, sostenida en el tiempo. Un proceso social constituyente y democrático debería abrirse a la sociedad, no temerle ni excluirla.

Se puede pensar en procesos ascendentes de formación de consensos constitucionales ascendentes (y no descendentes, de la elite a la sociedad) que más allá de depender de un grado de representatividad (partidaria, sectorial o social), puedan tener más filtros y frenos no contramayoritarios, sino procedimentales y democráticos. Ese futuro democrático implica incertidumbre y dinámicas no preconfiguradas, implica la posibilidad de la creación de la política democrática y de sus instituciones.

La política, cuando no es dominación y su propia negación, está más unida a la democracia que al sello del status quo. La política es la herramienta transformadora de la democracia y de la futura carta democrática. No cabe duda que es difícil el desafío de desarmar los complejos frenos existentes. Pero en la misma entrevista al Clarín de Buenos Aires, don Eduardo agrega: “Creo en la fe de la condición humana y en esa fiesta que puede ser la vida, arruinada por los amos del mundo, pero que sigue siendo una fiesta posible”.

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