A espaldas de la comunidad

lunes 30 de agosto 2010
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herman“Hemos sabido que la empresa AES Gener firmó un convenio con el municipio de Puchuncaví, sin haberse invitado a participar en el mismo a las organizaciones comunitarias, las cuales fueron informadas días después del hecho consumado”.

Escribe Patricio Herman / Agrupación Defendamos la Ciudad

La opinión pública sabía que la termoeléctrica Campiche, que opera con carbón y está localizada en la contaminada comuna de Puchuncaví, obtuvo todos los permisos al margen del marco regulatorio.

Estamos hablando de un proyecto paralizado de la empresa AES Gener que contempla una inversión de 500 millones de dólares que incorpora 270 MW al sistema interconectado. No sólo la Contraloría General dictaminó lo anterior, sino también la Corte Suprema, a raíz de las acciones emprendidas por el combativo Consejo Ecológico de esa zona.

Tal instalación industrial se emplazaba parcialmente en un terreno no apto, situación que conocían todos aquellos funcionarios públicos que la aprobaron.

El 31 de diciembre de 2009, el Minvu publicó en el Diario Oficial un Decreto Supremo (DS) en el cual se modificó la regulación urbanística nacional en lo que dice relación a los usos de suelo para las actividades energéticas y así fue como con ese cambio, denominado por muchos como un “traje a la medida” de esa planta, era posible reanudar las faenas. Pero curiosamente en ese texto legal también se le daba una atribución a la municipalidad de Puchuncaví para prohibir la aplicación del cambio normativo (?). En razón de este “salvavidas” el Concejo Municipal lo utilizó y, como corresponde, a través de un Decreto Alcaldicio, se publicó éste en el Diario Oficial, con lo cual se le puso una lápida a la termoeléctrica.

Acto seguido, los dirigentes del Consejo Ecológico, con su abogado, gracias a los buenos oficios del diputado Accorsi, concurrieron a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, donde solicitaron oficios, acuerdos y lo más gravitante, pidieron la conformación de una investigadora parlamentaria para que se determinaran las responsabilidades políticas de todos aquellos funcionarios que actuaron mal. Hubo una respuesta parcial y de la Comisión Investigadora no se sabe nada.

Pero inexplicablemente, en unas pocas semanas después de haberse prohibido la construcción de la planta, en los términos expresados en el DS del Minvu, el Concejo Municipal de Puchuncaví se dio una curiosa voltereta, revocando el Decreto Alcaldicio anterior con una explicación un tanto falaz, actuación que fue cuestionada como corresponde por el Consejo Ecológico.

Hemos sabido que la empresa firmó un convenio con el municipio, sin haberse invitado a participar en el mismo a las organizaciones comunitarias, las cuales fueron informadas días después del hecho consumado. La suscripción de tal acuerdo se dio a conocer verbalmente por el municipio en conferencia de prensa, avalado por los 2 diputados del distrito. Se habla de exiguas compensaciones económicas por 5 millones de dólares a favor de la comunidad, teniéndose en cuenta que la contraprestación municipal era desistirse de toda acción judicial en contra de AES Gener, empresa que ahora podrá reiniciar las obras.

Es interesante destacar que la nueva ministra de Vivienda y Urbanismo reconoce como una facultad muy poderosa la que tienen los municipios para prohibir la aplicación del cambio normativo del 31 de diciembre de 2009 y por ello estimamos que es urgente la investigación parlamentaria que pide el Consejo Ecológico.

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