Experto argentino alerta “mayor concentración” por decreto que pretende modificar la ley de medios

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LorettiPara el abogado Damián Loreti, profesor de Derecho a la Información en la Facultad de Ciencias Sociales, en la UBA, miembro de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y uno de los redactores de la mentada ley de medios, de implementarse el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el presidente Macri para modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Lsca), “nos encaminaríamos a un proceso de reconcentración muy duro” en el sistema mediático.

Por Franco Mizrahi*

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 oficializado en el Boletín Oficial el 4 de enero pasado, el presidente Mauricio Macri pretende modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Lsca) que fue aprobada en el Congreso de la Nación en 2009. Los cambios que impuso el jefe de Estado desvirtúan el sentido de la ley, promueven la concentración mediática y, por ende, aniquila la pluralidad de voces.

El cuarto día del 2016, con otro escandaloso DNU, Macri disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic). Sus funciones, determinó el jefe de Estado, las ejercerá el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que, a contramano de todas las críticas que esgrimió el PRO contra el Afsca por su supuesta falta de independencia, tendrá mayoría macrista. El Enacom estará integrado por su director, Miguel de Godoy, y tres directores “nombrados por el Poder Ejecutivo”. Se trata de Heber Martínez, ex gerente de Telefe; el letrado Alejandro Pereyra y el legislador porteño Agustín Garzón. El organismo se completará con otros tres directores opositores, nombrados por una Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. Todos podrán ser removidos por el Poder Ejecutivo sin causa.

El DNU también prorroga las licencias actuales por 5 años de forma automática y por otros diez años más con autorización del Enacom; amplía la cantidad de licencias que puede tener cada medio de 10 a 15 y permite transferirlas, entre otras cuestiones.

De un plumazo, Macri derogó los artículos antimonopólicos que el grupo Clarín reclamó como inconstitucionales y disolvió además de a su organismo de control a su órgano representativo: el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

Para el abogado Damián Loreti no hay dudas. De implementarse el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 que firmó el presidente Mauricio Macri para modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Lsca), “nos encaminaríamos a un proceso de reconcentración muy duro” en el sistema mediático. Loreti sabe de lo que habla. Es profesor de Derecho a la Información en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad de Buenos Aires; es miembro de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y fue uno de los redactores de la mentada ley de medios.

–¿Con el decreto, la ley de medios perdió su sentido?

–El sentido no lo perdió. Creo, incluso, que habrá presentaciones judiciales por el fondo y la forma del decreto. También habrá planteos ante el sistema interamericano. El propio Relator para la Libertad de Expresión (de la OEA, Edison Lanza) dice que está considerando el tema. Lo que está puesto en discusión es su vigencia concreta y es lo que las acciones judiciales posiblemente vayan a discutir. Hay muchos sectores afectados.

–¿Se busca retrotraer el sistema de medios a su lógica monopólica? 
–De entrada diría que sí. Aunque hay planteos de la ley que también hacen a la desmonopolización que aún no han sido puestos en discusión. Imagino que la comisión que trabajará en línea con el Poder Ejecutivo (N del R: la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes 26.522 y 27.078) intentará tocarlos.

–¿Cuáles son los puntos neurálgicos que modifica el decreto?
–Centralmente, la autoridad de aplicación, que pasa de ser una autoridad que cumplía con los estándares del sistema interamericano en términos de participación de diversos sectores con estabilidad asegurada y procedimientos de remoción reglados, a una autoridad de aplicación con mayoría del ejecutivo (vale recordar las discusiones que hasta hace un mes planteaban si el Afsca era independiente o no). La autoridad “nueva” tendría minorías parlamentarias pero todas removibles por la sola decisión del presidente de la Nación sin garantía de derecho de defensa. Esto va absolutamente en contra de lo que, en el 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entendió que era el mecanismo consistente con los estándares de libertad de expresión. Otra cuestión central es la derogación de las reglas de concentración para la industria del cable. Además, la desregulación a mi criterio se hace de un modo equivocado. Se intenta equiparar a las empresas de cable con las empresas de telecomunicaciones, como pasó en Estados Unidos, pero con otro tipo de empresas: los prestadores de servicios de Internet (ISP). Esto amerita otro tipo de debate.

–¿Cómo impacta esa modificación?
–Las grillas de programación dejan de tener la obligación de ser portadores de canales abiertos. Y los techos de publicidad desparecen porque los cables dejan de ser empresas de radiodifusión para ser empresas equiparables a las telefónicas que no tienen obligaciones editoriales. Tampoco hay obligación de canal propio. Entonces, con la nueva autorización de venta de licencias sin obligaciones de señales propias se promoverá que los actores más grandes compren a los más chicos. Se generará una mayor concentración, se levantarán señales propias y habrá pérdidas de fuentes de trabajo.

–¿Es una confusión o un artilugio para favorecer a las empresas de cable?
–No creo que sea una confusión. Creo que se está tomando un argumento no pertinente. Las razones por las cuales en EE.UU. se extendió a los proveedores de servicios de Internet la aplicación del título II de la ley como empresa de telecomunicaciones, no son las mismas por las cuales aquí se toma una solución igual para otro tipo de empresas, como son los servicios de cable. Se toma un argumento impertinente para una solución distinta. Otro tema central del decreto es la disolución de los consejos federales y que el ministro (de Comunicaciones, Oscar Aguad) sea el que asuma las competencias de los consejos. Si miramos el fallo “Renatre” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hace un par de meses, vemos que es inconstitucional desplazar sectores para ser reemplazados por una autoridad única estatal.

–¿El sentido del decreto es volver a la década del ’90, al neoliberalismo?
–Es consistente con los anuncios que hizo el presidente a partir del 10 de diciembre. El criterio que se tomó con los anuncios del tipo de cambio, el endeudamiento con el BID, la decisión de proponer dos jueces en comisión en la Corte, me parecen que van en la misma línea.

–¿Considera que es un decreto pro Clarín para lograr un blindaje mediático?
–No tengo del todo claro cómo van a ingresar las telefónicas. Si será en dos años o tres años. Si se va a modificar la ley antes de eso. Hay muchas cosas que parecen hechas a pedido de Clarín.

–El principal competidor de Clarín serían las telefónicas…
–Hay un combo de cosas sobre las que aún no tengo una opinión firme. Lo que está claro es que el decreto promueve medidas proconcentración. Pero no creo que sean a favor de un solo jugador. Hoy, las telefónicas entran sin cumplir las condiciones que se plantearon en 2009. Al levantar las restricciones a la compra, no sé en cuanto se verá favorecida Telefónica. Sí considero que el que está perdiendo mal en esto es DirecTV. Si bien uno de los considerandos del decreto habla de libertad de mercado y del entrecruzamiento de todas las tecnologías y menciona el tema del satélite, no es lo mismo la posición de alguien que tiene satélite y no tiene red local propia de otro jugador que sí tiene red propia y además usa satélite haciendo cuádruple play. Me parece que las situaciones de hecho son muy distintas y las soluciones regulatorias carecen de reciprocidad. Del mismo modo que se autoriza la compra-venta de licencias de los comerciales y no de los servicios sin fines de lucro. Ahí hay también un planteo muy discriminador.

–¿Es ilegal lo que hizo el Presidente?
–Creo que en algún lugar es inconstitucional, porque no hay necesidad ni urgencia para la medida. Porque no se llamó a sesiones extraordinarias en el Congreso. Porque no hay previsión de usuarios en la autoridad de aplicación y porque se desatiende lo que se conoce como la “Cláusula de defensa del espacio audiovisual nacional”, que es el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional. Por otra parte, de acuerdo con los estándares interamericanos de libertad de expresión, creo que el decreto viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la Corte Argentina y la Interamericana han dicho que deben cumplir todos los poderes del Estado. Además, en el 2000, la propia CIDH ha dicho en uno de los principios referidos a la libertad de expresión que hay que ponerle reglas a los monopolios porque afectan a la democracia.

–La Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, hizo una presentación ante la OEA para que intervenga la CIDH. ¿Es uno de los pasos a seguir?
–La asociación de radios comunitarias y tres universidades hicieron una presentación la semana pasada. La Defensoría del Público se sumó en la misma línea. Es una vía probable.

–Si se llegara a implementar el decreto, las consecuencias serían negativas para la desmonopolización del sistema mediático…
–Creo que nos encaminaríamos a un proceso de reconcentración muy duro. Desaparece la regulación de la industria del cable si esto se aplica tal cual está escrito, las señales propias, la obligación de la grilla y la obligación de que los canales de cable pasen los canales abiertos de cada lugar, que producirá un efecto de embudo muy complejo, porque no va a haber ventanas para que se vea la televisión abierta. Se produciría una concentración pura y dura.

*Revista Veintitrés

 

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