Cómo sigue el proceso soberanista en Cataluña después de la manifestación más grande de Europa

El Gobierno usará instrumentos para impedir referéndum catalánCataluña envió el pasado 11 de septiembre un impresionante mensaje a todos los países y naciones de la Tierra: “El 9 de noviembre votaremos y ganaremos”, en referencia a la consulta convocada para esa fecha en la que se preguntará a los catalanes si quieren ser un estado y en caso afirmativo si quieren que sea un estado independiente.

Por Gustavo Capdevila (Especial para INCAT)

La forma del mensaje fue hacer la manifestación más grande que se haya visto en Europa. Se armó una V utilizando la Gran Vía y la Avinguda Diagonal para reclamar poder votar y decidir si el futuro pasa o no por la independencia. Trescientos años después de la pérdida de la soberanía y de la condición de estado, Barcelona protagonizó un hecho histórico a nivel mundial, en el que la gente –1.800.000 personas sin agredir ni destrozar nada– dejó muy en claro que el proceso independentista no tiene marcha atrás, que el pueblo empuja a los partidos políticos y empuja frente a un estado español sordo, que solamente agravia y amenaza.

Cataluña fue un estado independiente entre el siglo IX y 1714, cuando fue derrotada militarmente por las fuerzas militares borbónicas y castellanas. Sus Cortes surgieron en el siglo XI y funcionaron durante 8 siglos sancionando sus propias leyes y su Constitución. Tenía moneda propia, su poder ejecutivo –la Generalitat–, sus universidades, y sobre todo su lengua, que pervive hablada por 10 millones de personas, su territorio y su cultura propia.

La V con los colores de la Senyera –la bandera catalana que tiene mil años y fue la primera de Europa– la manifestación fue producto de un trabajo organizativo impecable de dos instituciones de la sociedad civil, Òmnium Cultural –que desde hace 50 años trabaja para defender la identidad catalana— y la Asamblea Nacional Catalana formada hace 4 años con el único objetivo de conseguir la independencia de Cataluña. Casi el 30 por ciento de la población catalana ocupó 11 kilómetros de largo y 200 mil metros cuadrados de superficie.

Este lunes,en el debate de política general en el Parlamento catalán, el presidente Artur Mas expresó su confianza en que “el 9 de noviembre se podrá votar con plenas garantías democráticas” y dejó en evidencia que su gobierno piensa seguir adelante con la consulta sin importar las impugnaciones que haga el estado español.

También dijo que no habrá “choque de trenes entre España y Cataluña porque “van por vías diferentes alejándose. Los catalanes no se cansaron de España, se cansaron del estado español y cada día son más los catalanes que se han desconectado de él y no lo sienten como suyo”.

Esta semana, una institución importante y prestigiosa como el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona sostuvo que es legítima la declaración unilateral de independencia (DUI) si el estado español prohíbe la consulta. La Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio expresó que “la autodeterminación es un derecho inalienable al tratarse de un derecho fundamental y universal de todos los pueblos, vigente en la legislación internacional” y agregó que “aunque la constitución española no permite la autodeterminación de Cataluña, en una sociedad democrática la ley no es otra cosa que la expresión de la voluntad popular”.

Para el Colegio “el derecho a la autodeterminación está reconocido internacionalmente y ha dado como resultado que el número de estados soberanos se haya cuadruplicado en los últimos cien años. Hay 20 estados surgidos en el siglo XX como resultado de una secesión de una parte del territorio, como son los casos de Noruega, Finlandia, Islandia, Irlanda, Letonia, Estonia, Lituania, Eslovenia y Montenegro”.

La semana que viene comenzarán a producirse los hechos políticos que marcarán el futuro. La preparación de la consulta no se detendrá aunque el Tribunal Constitucional –institución heredada del franquismo y conformada por jueces con afiliación partidaria al PP y al PSOE– la suspenda. No obstante hay que remarcar que tanto la Ley de Consultas como la consulta misma pueden ser declaradas constitucionales por el Tribunal mencionada de acuerdo a su sentencia contraria a la declaración de soberanía del pueblo catalán hecha por el Parlamento, ya que la consulta no tiene efectos jurídicos directos porque no es un referéndum y no es ilegal porque la Generalitat puede convocar consultas.

Este martes los partidos políticos comprometidos con el derecho a decidir –Convergencia i Unió, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya-Verds y la Candidatura d’Unitat Popular— han reafirmado su compromiso para que la consulta se haga.

Se esperan momentos de gran tensión, con amenazas como las del canciller español Margallo, quien dijo que se suspenderá la autonomía catalán si se convoca la consulta, en una escalada que dejará cada vez peor parada a España como un estado que reprime el derecho universal y humano de todo ciudadano de expresar se través del voto. La comparación entre la actitud del estado británico con relación a Escocia exime de mayores comentarios.

El viernes, el Parlamento aprobará la ley de consultas, al día siguiente de que Escocia haya expresado qué quiere para su futuro y quedará bien claro que Gran Bretaña permitió votar y que España hará todo por impedirlo. Es claro que el resultado influirá en el futuro de Cataluña, pero no podrá detener la marcha que el pueblo lleva adelante hacia la soberanía.

El lunes, luego de que el Diario Oficial de la Generalitat promulgue la Ley, seguramente el estado español la impugnará ante el Tribunal Constitucional. Entonces el presidente Mas convocará a todos los partidos que apoyan el derecho a decidir y proseguirán con el trámite de la convocatoria a la consulta y se hará más patente que el estado español ha perdido el imperio, el poder de aplicarlo en el territorio catalán.-

(*) Abogado. Subdirector del Observatorio de Naciones sin Estado (UNLP) y secretario del Casal dels Països Catalans de La Plata.

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