Juicio de Chile a Tabacaleras de EEUU: la demanda que se esfumó en medio del lobby

sábado 19 de noviembre 2011
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En 1999, los ministerios de Salud y Secretaría General de la Presidencia, a instancias del abogado Jorge Schaulsohn, estudiaban la presentación de una millonaria querella contra 14 tabacaleras norteamericanas. El lobby no se hizo esperar. Vinieron a Chile dos abogados de las empresas y ellas, además, le solicitaron un informe en Derecho a Juan Agustín Figueroa Yávar. Pero de la demanda nunca más se supo.

Por Francisco Martorell

“Un grupo de importantes abogados acusa de homicidio a las grandes productoras de cigarrillos a raíz de la muerte de un fumador. La industria tabaquera se tambalea: saben que una sola sentencia en su contra provocaría una avalancha de demandas de indemnización que los llevaría a la ruina. Pero a los grandes magnates no les preocupa demasiado. Disponen de una fundación dotada de millones de dólares sólo para defenderlos, que dirige Rankin Fitch, el mejor especialista en jurados. El lo tiene absolutamente todo bajo control. Dispone de licencia para actuar más allá de la ley si resulta necesario. Ya lo ha hecho en otras ocasiones y ha salido victorioso…”.

El párrafo anterior es un extracto de la solapa del libro El Jurado de John Grisham (Ediciones B), texto en el cual se basó la película “Tribunal en Fuga”, donde finalmente los jurados terminan condenando a una empresa tabacalera, Pynex, a cancelar la friolera de 402 millones de dólares de indemnización a una mujer cuyo marido falleció de cáncer al pulmón apenas cumplidos los 50 años.

En el libro, con su maestría habitual, Grisham pasea a los lectores por el juicio y expone los testimonios de expertos: la adicción a la nicotina, el hecho que las tabacaleras dirigen su publicidad a los más jóvenes y los estragos del cáncer, aparecen en cada una de las más de 700 páginas que tiene la obra.

La condena en la novela provocó, obviamente en la ficción, una catástrofe para la industria. No sólo se fueron al piso las acciones de todas ellas, sino que los abogados que presentaron la millonaria demanda y habían vencido a los colosos del Tabaco, no tenían manos ni ayudantes para contestar los cientos de llamados telefónicos de otras víctimas, como la demandante triunfadora, que querían resarcirse de los daños provocados por el cigarrillo a ellos o a sus familiares directos.

John Grisham publicó el libro en 1996. Su historia, sin embargo, se hizo realidad un par de años después cuando un tribunal de Florida le concedió una indemnización de 12,6 millones de dólares a tres consumidores de tabaco que contrajeron cáncer en el mencionado estado norteamericano. De ahí el aluvión. Más de 500 mil fumadores, de la misma Florida y ante ese tribunal, entablaron un juicio contra las tabacaleras.

Todo se había desencadenado en 1997, al año del libro de Grisham, cuando la quinta empresa tabacalera más grandes de EEUU, Ligget Group, en una decisión insólita, decidió en marzo de ese año admitir que la nicotina era adictiva y que los cigarros provocan cáncer. La compañía, en la oportunidad, se comprometió a entregar información confidencial de las tabacaleras en las que se reconocía que sus ejecutivos sabían que los cigarrillos provocaban daños y que la publicidad se orientaba a las generaciones más jóvenes.

Un año después las tabacaleras se vieron obligadas a firmar un acuerdo por 206 mil millones de dólares con diversos estados norteamericanos para paliar los costos en salud que había representado para ellos los enfermos de cáncer pulmonar, enfisemas u otros males. La intención era evitar que los productores de tabaco se vieran enfrentados permanentemente a juicios por su responsabilidad en los daños que el cigarrillo producía en los seres humanos.

En 1999 la Justicia culpó a R.J Reynolds Tobacco Company, Philip Morris, The American Tobacco Company, Brown and Williamson Tobacco, Ligget Group y Dosal Tobacco, de no informar debidamente a los consumidores sobre los daños generado por el tabaco.

Si bien, entre todas la compañías mencionadas sumaban un valor patrimonial de 15 mil 300 millones de dólares, el abogado que representaba a los demandantes, Stanley Rosenblatt, solicitó al jurado que considerara fijar el total de los daños punitivos en una cifra que oscilara entre los 123 mil millones y los 196 mil millones de dólares.

Como en El Jurado, las tabacaleras habían perdido otra vez, dejando atrás una serie de 600 juicios ganados.

LA CONEXION CHILENA

El abogado Jorge Schaulsohn, retirado de la política en 1997, luego de ser diputado y presidente del PPD, compartía su tiempo entre Santiago y New York, cuando las tabacaleras norteamericanos recibían los embates judiciales de los consumidores.

Para el ex parlamentario, sin duda, no era un misterio que los daños que causaba el cigarrillo en EEUU no fueran los mismos que padecían los consumidores chilenos.

Si en el mundo morían 5 millones de personas por el tabaco, 400 mil de ellas en Estados Unidos, en Chile las cifras mostraban que 9 mil de los fallecidos en 1990 era por causa del humo. Número que, ya en el 2000, se había elevado a 13 mil 888. Las cifras son alarmantes: 38 personas diariamente dejan de existir en el país, 1,5 por hora, por efecto de la nicotina ¿Los responsables?

A juzgar por lo que estaba ocurriendo no eran otros que las tabacaleras y, precisamente, las estadounidenses. Ello, a pesar de que en Chile sólo acaparan el 3 por ciento del mercado y que el restante, más del 95 por ciento, está controlado por Chiletabacos, propiedad de la British American Tobacco y que, según una nota del diario La Tercera, sólo tiene cuatro marcas norteamericanas y ellas, siempre de acuerdo a esta versión, significan el 10 por ciento del mercado nacional.

Para Schaulsohn la respuesta era obvia: las tabacaleras estadounidenses y británicas eran “las que han desarrollado la tecnología para hacer más adictiva la nicotina, difundieron investigaciones médicas que intentaron ocultar que el tabaco provoca cáncer y retuvieron el control de las fórmulas tóxicas y secretas que desarrollaron para las marcas de cigarro que hoy se producen y venden en América Latina y Asia”. Chiletabacos, entonces, no había participado del “engaño” a los consumidores. Por otro lado, de acuerdo a fuentes de Chiletabacos, la opción de querellarse contra ella era menor porque no tenía el respaldo económico suficiente y, según el diario La Tercera, aportaban más de 600 millones de dólares en impuestos al Estado.

La idea de Schaulsohn prendió. Lo secundó su correligionario, Guido Girardi, en ese entonces diputado y médico de profesión, al que se sumaron otros galenos, el senador Mariano Ruiz Esquide de la DC y el ahora PPD, pero en ese entonces presidente del Colegio Médico, el actual diputado Enrique Acorssi.

Fueron Girardi y Ruiz Esquide los que, en julio de 1999, hicieron pública la intención del Estado de Chile.

La acción judicial, según los parlamentarios, se basaba en que existía una suerte de “conspiración” y “fraude” de parte de las empresas tabacaleras al ocultar los daños reales producidos por el tabaco.

Por introducir sustancias adictivas en los cigarrillos y manipular genéticamente las plantas de tabaco para producir la semilla Y1, con nicotina más fuerte que la tradicional, las empresas estadounidenses debían compensar a Chile con una suma que superaba los 20 mil millones de dólares pero no traspasaba los 40 mil millones, suma que era la que había gastado el país para enfrentar los problemas de salud derivados del consumo del tabaco.

Un día más tarde del anuncio de Girardi y Ruiz Esquide, el DC Alex Figueroa, en ese entonces ministro de Salud, confirmó que su cartera estudiaba una demanda contra 14 empresas de los Estados Unidos, una de ellas la Brown and Williamson. Dijo, además, que se estaba coordinando con otros ministerios para decidir la presentación.

Por esos días, otras naciones, como Guatemala, Bolivia, Venezuela y Costa Rica, habían decidido presentar sus demandas en EEUU contra las tabacaleras.

VIENE EL LOBBY

Si bien Chiletabacos prácticamente no le respondió a los parlamentarios o al Gobierno durante los primeros días de anunciada la posibilidad de la demanda, tras dos semanas se inició un intenso lobby por parte de las tabacaleras.

El 5 de agosto de 1999, en su calidad de asesor externo de la Compañía Chilena de Tabacos, el abogado vinculado a la UDI y en ese momento preocupado de traer a Pinochet de vuelta de Londres, Miguel Alex Schweitzer, sostuvo que el país no tendría posibilidad alguna de ganar una demanda en EEUU.

Según el letrado, era “casi” imposible que un jurado norteamericano falle en contra de una industria de su Nación.

A su juicio, además, era contradictorio una acción del gobierno en ese campo porque, mientras negaba la jurisdicción a Inglaterra para juzgar a Pinochet, si se la reclamaba a los tribunales de EEUU.

El entonces ministro Secretario General de Gobierno, José Miguel Insulza, calificó como atendible el argumento de Schweitzer y sostuvo que era “una opinión que se ha dado y la vamos a considerar”.

Un día más tarde, dos abogados de EEUU representantes de la poderosa Brown and Williamson, Gabriele Monahan y Neil Meller, arribaron a Chile para mostrar, por un lado e, indirectamente, la preocupación que existía en EEUU sobre el tema y, por el otro, sostener encuentros al más alto nivel. Esbozando el mismo argumento que Schweitzer, los profesionales estadounidenses dijeron, además, que tal medida podía ser muy costosa para Chile porque la Corte podría pedir al ministerio de Salud miles de documentos que avalaran la exigencia del pago por los problemas derivados del tabaco.

Respecto a los juristas que patrocinaban este tipo de demandas, en el caso chileno era Jorge Schaulsohn, los norteamericanos no fueron muy cautos: “todos los recursos judiciales presentados por gobiernos extranjeros en EEUU son producto de abogados oportunistas que no dan información completa sobre la viabilidad de los reclamos”, dijo Gabriele Monahan.

“Si eso fuera así, respondieron al día siguiente Guido Girardi y Mariano Ruiz Esquide, nos preguntamos para qué vienen a Chile. Si no les preocupa y creen que no tenemos argumentos, qué hacen aquí. Es una pérdida de tiempo”.

Para Girardi, la visita de Monahan y Meller era porque las tabacaleras “se dan cuenta que están sometidas a una situación compleja y han venido a hacer lobby producto del sustento legal que tiene nuestro reclamo”.

Los representantes de la tabacalera estadounidense, Brown and Williamson, que al igual que Chiletabacos pertenece a la inglesa British American Tobacco, sostuvieron encuentros en La Moneda. El propio Insulza los recibió. En la oportunidad le dijeron al entonces poderoso ministro chileno que su empresa no estaba dispuesta a llegar a arreglos extrajudiciales como lo hicieron en EEUU, entregando cifras elevadas para evitar los juicios. Además, deslizaron una amenaza: Chile sería contrademandado si perdía el juicio.

Si bien no estaba Rankin Fitch, el oscuro todopoderoso defensor de las tabacaleras en el libro de Grisham, la abogada Gabriela Monahan, quien habla un perfecto español, no se quedaba por experiencia. Tal como lo informa su currículum ha representado a sus clientes en varios asuntos que implican América Latina.

Mientras tanto, también levantó la voz la Amcham, Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, preocupada por la eventual demanda que, como dijo su presidente, Stephen Terni, “en nada contribuye a fomentar el libre comercio ni las inversiones”.

Junto a esta declaración, la cámara envió una carta a Insulza, estrechamente presionado, quien además recibió los embates lobbystas de Jorge Peña, abogado del estudio Carey y Cia.

Si Girardi y Ruiz Esquide, o el propio Schaulsohn, pensaban que las pista no era nada de fácil, más se complicó cuando Chiletabacos entregó al gobierno un informe en derecho, solicitado en conjunto con Phillips Morris, donde se aseguraba que no era “procedente” una demanda del Estado contra las tabacaleras ante tribunales extranjeros porque “desconoce la inmunidad jurisdiccional de este país y quebranta una política sostenida por Chile”.

Tal informe había sido redactado, ni más ni menos, por el radical Juan Agustín Figueroa, ex ministro de Aylwin, presidente de la Fundación Pablo Neruda y posteriormente miembro del Tribunal Constitucional, cargo al que llegó de la mano del presidente Ricardo Lagos.

Si bien Figueroa reiteraba la relación que existía entre este caso y el de Pinochet, todavía en Londres, sostuvo algo mucho más cuestionable: “éticamente Chile no podía demandar a las tabacaleras porque se ha permitido el uso del tabaco y ha logrado de él recursos económicos suculentos por la vía tributaria”.

Schaulsohn, sin embargo, no se dejaba amilanar. Sostuvo que lo de Pinochet era penal y no civil, como una demanda contra las tabacaleras, por lo que el Gobierno no debía dejarse engañar y cuestionó el lobby que favorecía el tabaco. “Yo soy un gran partidario de los lobby porque creo que en la sociedad moderna, todo el mundo tiene que recurrir a ellos para defender una determinada posición. Lo que a mí me cuesta entender es si se puede esgrimir un lobby en favor de las compañías de tabaco”. Para Schaulsohn, más allá de las presiones, si la demanda era acogida se ganaba. La presión, entonces, era para evitar que se presentara.

SE PINCHÓ EL GLOBO

En octubre de 1999, la prensa informó nuevamente que el ministro Insulza tenía en su poder un informe borrador sobre el tema de las tabacaleras pero que no se sabía cuándo ni cómo se presentaría la demanda.

Tampoco ese supuesto informe, el cual fue solicitado en esos años por El Periodista al Gobierno de Lagos pero no hubo una respuesta positiva, habría llegado ese año a Salud, Hacienda, Interior o Relaciones Exteriores, las otras carteras que algo tenían que decir al respecto.

El 22 de octubre de ese años, el propio Jorge Schaulsohn, conocedor de todas las presiones que habían existido en el caso, pareció convertirse en un nuevo dilatador del caso. Dijo entonces que, a su juicio, debía esperarse qué suerte corría la demanda guatemalteca en EEUU no para desistirse sino para, en el caso que el juez que entendía en esa causa se manifestara negativamente, radicar el escrito chileno en otro tribunal.

Según Girardi, consultado para este reportaje, ellos esperaron que el Estado de Chile presentara la demanda y asegura que fueron muchas veces a hablar con el ministro Insulza pero “no sirvió de nada”. El hoy senador dijo entonces que el fuerte lobby de las tabacaleras “hizo que no prosperara la propuesta de demandarlas”. Acorssi, por su parte, coincide con Girardi y ha dedicado sus esfuerzos para que se prohíba la publicidad de los cigarrillos.

A Guatemala, finalmente, le fue mal. A Chile también. Nunca más se habló del tema.

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