Según ellos no pueden continuar en sus cargos quienes son responsables de imputar hechos sobre la base de pruebas “sesgadas, exiguas e impertinentes”, por el daño ocasionado en los imputados y sus familias, por los costos económicos (fondos públicos) e institucionales para el poder judicial, por las afectación al estado de derecho y el impacto social que ha provocado esta persecución política.

“Valoramos el veredicto, que confirma no solo la inocencia de los todos imputados en este juicio, sino también la existencia de una persecución y en definitiva de un juicio que ha sido de carácter político”, señala una declaración dada a conocer esta tarde por los familiares de los imputados en el caso Bombas conjuntamente con diversas organizaciones de derechos humanos como Fasic, Codepu y el Observatorio Ciudadano.

En el comunicado, tanto los familiares como las entidades, señalan que las pruebas del Ministerio Público no solo fueron insuficientes para “establecer los elementos subjetivos de los hechos”, sino también “incompletas y con sesgo de parcialidad”, pues se persiguió a personas únicamente por habitar casas ocupadas. “Ello que constituye una estigmatización de estos movimientos y una criminalización de la protesta social”, señalan.

Reclaman, asimismo, los métodos utilizados como por ejemplo la declaración del imputado Gustavo Fuentes Aliaga, relato que sustanciaba gran parte de las acusaciones y que fue un “testimonio obtenido de forma extrajudicial, sin la presencia de un abogado defensor y sin existir constancia de la lectura de sus derechos, así como que los hechos le fueron descritos por la fiscalía para que los ratificara”.

Los familiares, durante el juicio que terminó con la absolución de los seis acusados en el llamado caso Bombas, habían denunciados una serie de irregularidades en la cadena de custodia y la “no coincidencia de firmas en peritajes aportados por la fiscalía”.  ”.

Los familiares, junto con exigir las renuncias del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter y del ex fiscal y actual funcionario de esa cartera, Alejandro Peña, solicitaron que tras el veredicto “los ahora absueltos y sus familiares no sean objeto de nuevos seguimiento o infiltraciones a sus comunicaciones, como hasta el día de hoy se denuncia por parte de sobreseídos en esta causa y que no fueron parte del juicio”.

Respecto a los mencionados Hinzpeter y Peña, según los familiares, son responsables de imputar hechos sobre la base de pruebas “sesgadas, exiguas e impertinentes”, por el daño ocasionado en los imputados y sus familias, por los costos económicos (fondos públicos) e institucionales para el poder judicial, por las afectación al estado de derecho y el impacto social que ha provocado esta persecución política.

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